En los primeros meses de 2025, Nuevo León enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Según datos oficiales, los delitos contra el medio ambiente han alcanzado cifras alarmantes, con un total de 88 casos registrados solo entre enero y marzo. Este número supera al total de 2023, que había sido el año con más incidencias hasta entonces, con 49 casos. La situación refleja un deterioro preocupante en la protección del entorno en la entidad.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reporta un aumento drástico en las denuncias. En enero se abrieron nueve carpetas de investigación, en febrero 22 y en marzo la cifra escaló a 57. Estas cifras muestran un incremento exponencial en comparación con años anteriores, cuando los delitos ambientales apenas comenzaban a registrarse en las estadísticas oficiales, a partir de mayo de 2021.
Entre los delitos más comunes se encuentran la tala indiscriminada, la caza ilegal, el abandono de animales y la mala gestión de residuos peligrosos. Estas actividades no solo afectan la biodiversidad, sino que también agravan los problemas de contaminación en un estado con alta actividad industrial. La falta de medidas efectivas para controlar estas prácticas pone en riesgo la salud de los ecosistemas y de la población.
A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades locales han sido criticadas por su respuesta insuficiente. En 2024, se registraron 37 delitos ambientales, con picos en enero y junio, pero las sanciones aplicadas no han logrado frenar el aumento de estas actividades ilícitas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intervenido en algunos casos, como el de la empresa Zinc Nacional en San Nicolás, donde se detectaron irregularidades en la gestión de óxido de zinc.
El 2025 comenzó con una serie de eventos que agravaron la crisis. Incendios forestales y tres contingencias ambientales en los primeros meses del año han encendido las alarmas. La calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey ha alcanzado niveles críticos, con concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Organizaciones como la Alianza del Aire han exigido un nuevo programa ambiental que establezca metas claras para reducir emisiones y sanciones más severas para los infractores. Sin embargo, las acciones concretas siguen siendo limitadas. La ciudadanía, cada vez más preocupada, ha utilizado redes sociales para visibilizar el problema, con movimientos como #NLNoPuedeRespirarClaudia, exigiendo intervención federal.
A pesar de los esfuerzos por parte de algunas autoridades, como la creación de la Guardia Forestal en 2025 para vigilar áreas naturales, los resultados aún no son visibles. Esta nueva corporación tiene la facultad de imponer multas y clausuras, pero su impacto en la reducción de delitos ambientales es incierto, especialmente ante la magnitud del problema.
La contaminación atmosférica y la falta de regulación efectiva en industrias clave siguen siendo un desafío para Nuevo León. Expertos advierten que sin políticas públicas más contundentes, la crisis ambiental podría agravarse, afectando no solo el entorno, sino también la calidad de vida de los habitantes.
La comparación con otros estados no es alentadora. Mientras Oaxaca y Baja California Sur lideran en delitos ambientales a nivel nacional, con 86 y 82 casos respectivamente, Nuevo León está lejos de ser un ejemplo en la protección de sus recursos naturales. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo se tomarán medidas efectivas para revertir esta situación?
La ciudadanía y los expertos coinciden en que se necesitan acciones urgentes. La creación de programas de monitoreo, sanciones más estrictas y una mayor conciencia ambiental son pasos esenciales para enfrentar esta crisis. Por ahora, Nuevo León sigue respirando un aire cada vez más contaminado, mientras los delitos contra el medio ambiente no dan tregua.