Hoy se define el futuro de los presones en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, con una audiencia que marca un nuevo capítulo en este controvertido caso. La Comisión Nacional del Agua buscaba demoler estas construcciones, pero un amparo presentado por terceros ha frenado sus planes, generando un intenso debate en Chihuahua.
El rancho, ubicado en Balleza, ha sido centro de atención desde que Conagua intentó derribar tres presones y una pequeña presa que, según estimaciones, almacenan unos 700 mil metros cúbicos de agua. La semana pasada, la dependencia presentó documentos para argumentar que el amparo es improcedente, insistiendo en que las construcciones son ilegales y deben ser eliminadas.
Sin embargo, el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua otorgó una suspensión provisional a favor de los pobladores del ejido El Trigueño, una comunidad indígena rarámuri. Los habitantes argumentan que estos cuerpos de agua son vitales para su subsistencia, ya que les permiten combatir incendios, regar cultivos y garantizar el consumo diario en una región golpeada por la sequía.
La Fiscalía General de la República y Conagua han calificado este amparo como una maniobra para evadir la justicia. Según las autoridades, los presones representan un acaparamiento ilegal de agua en una cuenca con alto estrés hídrico, lo que agrava la crisis en la zona. Incluso se han presentado denuncias penales por presunto uso indebido de bienes nacionales y maltrato animal.
El caso ha escalado hasta los más altos niveles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el amparo carece de sustento y ha prometido acciones legales contra quienes autorizaron estas obras. Para ella, este es un claro ejemplo de robo de agua, un delito que no puede tolerarse en tiempos de escasez.
Por otro lado, los defensores de los presones, liderados por el abogado Carlos Omar Villalobos, insisten en que la demolición afectaría gravemente a más de 200 familias indígenas. Destacan que los cuerpos de agua no solo benefician a la comunidad, sino que también recargan los mantos acuíferos y mantienen la humedad en los terrenos cercanos.
El fallo de hoy determinará si la suspensión se vuelve definitiva o si Conagua podrá proceder con la demolición. Mientras tanto, el rancho El Saucito sigue en el ojo del huracán, con acusaciones de irregularidades que se remontan a la administración de César Duarte y un aseguramiento de bienes que data de 2017.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre los derechos de las comunidades indígenas y las políticas de gestión del agua. La resolución de esta audiencia no solo afectará a los involucrados, sino que podría sentar un precedente en la lucha contra el acaparamiento de recursos hídricos en México.
La pregunta que queda en el aire es si este amparo es una verdadera defensa de los derechos humanos o una estrategia para proteger intereses ocultos. Lo que es seguro es que el caso de El Saucito seguirá dando de qué hablar, mientras la sequía y la desigualdad en el acceso al agua persisten en Chihuahua.