Violencia feminicida en México sigue cobrando vidas a un ritmo alarmante, con diez mujeres asesinadas diariamente en un país donde la impunidad reina y las demandas de justicia resuenan en las calles. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, miles de mexicanas tomaron la Ciudad de México para gritar "No llegamos todas", un eco doloroso que contrasta con las promesas oficiales de equidad de género. La marcha, convocada por la coordinación 8M-CDMX, partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Avenida Reforma hacia el Zócalo, visibilizando el vacío dejado por las ausentes: víctimas de feminicidios, desaparecidas y sobrevivientes que luchan por ser escuchadas.
La alarmante escalada de la violencia feminicida en México
La violencia feminicida no es un problema aislado; es una epidemia que devora familias enteras y erosiona la tejido social. En los primeros diez meses de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró cifras estremecedoras: 67 mil 785 casos de lesiones dolosas y 226 mil 711 denuncias por violencia intrafamiliar. Estas números, fríos en papel, representan agonías reales, mujeres que claman por protección en un sistema que a menudo las revictimiza. Solo el 25% de los homicidios contra mujeres se clasifican como feminicidios, dejando el resto en un limbo de subregistro que perpetúa la impunidad. Cada muerte es un recordatorio brutal de que la violencia feminicida en México no discrimina: golpea en hogares, calles y hasta en instituciones educativas, como el caso de Lesvy Berlín Rivera, asesinada en la UNAM en 2017 y inicialmente tachada de suicidio.
Demanda urgente: cese a la criminalización y justicia real
Entre las consignas más potentes de la manifestación, "Vivas nos queremos" y "Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos" subrayaron la rabia colectiva contra la desaparición forzada y los feminicidios encubiertos. Las participantes exigieron el fin a la criminalización de las protestas feministas, un patrón que ha visto a activistas enfrentando cargos por defender sus derechos. Además, alzaron la voz por el acceso efectivo al aborto legal y seguro, un derecho fundamental que sigue siendo obstaculizado en muchos estados. La violencia feminicida se entrelaza con estas barreras reproductivas, donde mujeres que buscan control sobre sus cuerpos son juzgadas y abandonadas. En un contexto donde 449 mil 208 llamadas de emergencia por violencia se reportaron en el año, la sobrecarga del sistema judicial es evidente, pero la voluntad política parece escasa.
Marcha 25N: Voces que no se apagan pese a la menor afluencia
Aunque la afluencia fue menor que en ediciones previas –alrededor de dos mil mujeres según observadores–, el impacto de la marcha 25N fue innegable. Factores como el "feminismo institucional" y la politización de las luchas han fragmentado el movimiento, generando divisiones que debilitan la fuerza colectiva. Sin embargo, las presentes compensaron con determinación: madres buscadoras, defensoras de derechos humanos y sobrevivientes de intentos de feminicidio lideraron el contingente. Yeritza Bautista, quien sobrevivió a dos ataques en 2020, representó a la recién formada Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase). Su testimonio resuena: "Marcho por mi historia y la de mis compañeras, para que no se repita esta pesadilla". La Renase impulsa reformas legislativas clave, como elevar las penas por feminicidio –actualmente en 11 años– por encima de las de violencia familiar, que llegan a nueve.
El rol de las madres y sobrevivientes en la lucha contra la violencia feminicida
Araceli Osorio, madre de Lesvy, encabezó la marcha con un dolor que trasciende años. "Hoy marchamos por las que no están, para evidenciar que nos hacen falta", declaró, recordando cómo el feminicidio de su hija expuso las fallas en la investigación inicial. Junto a ella, otras madres de víctimas y buscadoras de desaparecidas formaron un frente unido, exigiendo que los casos no se diluyan en clasificaciones erróneas como "lesiones" o "homicidios simples". La falta de datos oficiales sobre intentos de feminicidio agrava el problema: muchos se camuflan bajo etiquetas genéricas, impidiendo políticas preventivas efectivas. Esta opacidad no solo invisibiliza el sufrimiento, sino que desincentiva denuncias, perpetuando un ciclo vicioso de violencia feminicida en México que afecta a mujeres de todas las edades, clases y regiones.
La manifestación también amplió su mirada más allá de las fronteras nacionales. Martha García, de 65 años y originaria de Los Ángeles, cruzó la frontera para unirse, destacando las violencias que enfrentan las migrantes mexicanas en Estados Unidos. "México late en cualquier lugar donde haya una mexicana", afirmó, pidiendo a las autoridades diplomáticas una perspectiva de género en la atención consular. Esta conexión transnacional ilustra cómo la violencia feminicida trasciende mapas, alimentada por machismos globales y desigualdades estructurales. En México, donde el promedio de diez asesinatos diarios persiste, la marcha 25N sirve como pulso de una nación en crisis, donde el gobierno federal, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, enfrenta el desafío de traducir discursos de inclusión en acciones concretas.
Impunidad y el llamado a un cambio sistémico
La impunidad es el veneno que nutre la violencia feminicida en México. Con solo una fracción de casos investigados adecuadamente, las familias de las víctimas quedan en un limbo eterno, buscando justicia en manifestaciones como esta. Las activistas critican un sistema diseñado para obstaculizar, donde la no repetición de la violencia parece un lujo inalcanzable. Yeritza Bautista lo resumió con crudeza: "No se reduce a discursos políticos; es una sociedad que nos falla sistemáticamente". La demanda por endurecer penas y capacitar a autoridades en perspectiva de género es urgente, especialmente cuando datos del SESNSP revelan un incremento en denuncias que el aparato estatal no logra procesar. Esta desconexión entre cifras y respuestas alimenta el terror cotidiano, donde mujeres viven bajo la sombra constante de la agresión.
Aborto legal y equidad: pilares contra la violencia feminicida
Integrado en las consignas, el acceso al aborto legal emerge como pilar contra la violencia feminicida, ya que empodera a las mujeres ante controles reproductivos opresivos. En estados donde persisten restricciones, las complicaciones derivadas de procedimientos clandestinos agravan vulnerabilidades. La marcha 25N no solo honró a las muertas, sino que proyectó un futuro donde la equidad no sea consigna electoral, sino realidad tangible. Sobrevivientes como las de Renase proponen leyes que reconozcan el intento de feminicidio como delito autónomo, con penas proporcionales al trauma infligido. Este enfoque holístico aborda raíces profundas: educación en igualdad, prevención en escuelas y apoyo psicológico integral para víctimas.
La menor participación en esta edición de la marcha 25N genera preocupación, pero también resiliencia. Divisiones internas y fatiga activista no apagan el fuego; al contrario, lo refinan. Mujeres como Araceli y Yeritza demuestran que la persistencia individual suma a un coro colectivo ensordecedor. En un México donde la violencia feminicida en México se entreteje con corrupción y negligencia institucional, estas voces exigen accountability más allá de ciclos electorales.
Informes detallados de agencias como EFE capturan el pulso de estas movilizaciones, destacando testimonios que humanizan estadísticas frías. Observadores independientes en el terreno corroboran la intensidad emocional, recordándonos que detrás de cada número hay una historia truncada.
Estudios recientes de organismos de derechos humanos subrayan patrones similares en años previos, reforzando la necesidad de reformas urgentes. Estas referencias, dispersas en reportes anuales, pintan un panorama donde la acción colectiva es el antídoto más potente contra la indiferencia oficial.