Access Business Group enfrenta un revés significativo tras perder su reclamo de 2,700 millones de dólares contra México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta decisión, emitida por el Tribunal Arbitral el 21 de noviembre de 2025, marca un precedente importante en materia de arbitraje internacional y refuerza la posición del Estado mexicano en disputas de inversión extranjera. El caso, que se inició en abril de 2023, giraba en torno a una supuesta expropiación de terrenos en Jalisco, y su resolución destaca la vigencia limitada de tratados como el TLCAN en reclamos posteriores a su terminación.
El contexto del reclamo de Access Business Group
Access Business Group, una empresa multinacional con presencia en el sector de ventas directas y productos de salud, presentó el arbitraje bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su sucesor, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La compañía alegaba que acciones del gobierno mexicano equivalían a una expropiación indirecta de propiedades adquiridas en las décadas de 1990. Específicamente, a través de su filial Nutrilite, S. de R.L. de C.V., Access Business Group había obtenido terrenos en el predio conocido como “El Petacal”, ubicado en el estado de Jalisco, en 1992 y 1994. Estos activos eran clave para sus operaciones en el mercado mexicano.
La supuesta expropiación y su impacto en Access Business Group
El núcleo del reclamo de Access Business Group radicaba en eventos de julio de 2022, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó parte de esos terrenos a un ejido local. Según la demandante, esta medida violaba obligaciones internacionales de protección a inversionistas extranjeros, generando pérdidas millonarias. Access Business Group argumentaba que la entrega de los predios configuraba una expropiación sin compensación adecuada, afectando directamente su capacidad operativa y el valor de sus inversiones en México. Este tipo de disputas en arbitraje de inversión no son infrecuentes en América Latina, donde tensiones entre desarrollo agrario y derechos de propiedad privada generan fricciones constantes.
En el ámbito del arbitraje internacional, casos como este ilustran cómo tratados bilaterales o multilaterales buscan equilibrar el atractivo para la inversión extranjera con la soberanía estatal. Access Business Group buscaba no solo indemnización, sino también un reconocimiento de que México había incumplido estándares mínimos de trato justo y equitativo. Sin embargo, la temporalidad de las medidas impugnadas se convirtió en el eje de la defensa mexicana, cuestionando la aplicabilidad de disposiciones sustantivas del Capítulo 11 del TLCAN una vez que el acuerdo había cesado.
La resolución del Tribunal Arbitral a favor de México
El Tribunal Arbitral, compuesto por expertos en derecho internacional, determinó por mayoría que carecía de jurisdicción para resolver el fondo del asunto. En su laudo, el panel enfatizó que las medidas cuestionadas por Access Business Group ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, lo que excluía la extensión de sus protecciones. “Nada en el texto del Anexo 14-C indica que los Estados Contratantes hayan extendido la aplicación de las disposiciones sustantivas de la Sección A del Capítulo 11 más allá de la terminación del TLCAN”, se lee en el documento. Esta interpretación estricta del marco legal resultó decisiva para desestimar el reclamo en su totalidad.
Costos y precedentes en el arbitraje de Access Business Group
Además de rechazar la demanda principal, el Tribunal ordenó a Access Business Group cubrir aproximadamente 1.3 millones de dólares en gastos y costos del procedimiento arbitral. Esta sanción subraya los riesgos financieros inherentes a iniciar arbitrajes internacionales sin bases sólidas. Para México, representado por la Secretaría de Economía, el resultado no solo evita un desembolso masivo, sino que establece un precedente valioso en la defensa de disputas similares. La Subsecretaría de Comercio Exterior, a través de su Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, lideró la estrategia con apoyo de firmas especializadas como Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
El rol de la Sedatu en este caso fue crucial, ya que proporcionó el soporte institucional necesario para justificar la entrega de terrenos al ejido, alineada con políticas de reforma agraria y desarrollo territorial. Este enfoque refleja cómo el gobierno federal integra múltiples secretarías en la resolución de controversias complejas, fortaleciendo la cohesión en la defensa de intereses nacionales.
Implicaciones económicas y legales del caso
La pérdida del reclamo por parte de Access Business Group resalta la evolución del marco normativo en México post-TLCAN. Con la entrada en vigor del T-MEC en 2020, las disposiciones de solución de controversias entre inversionista y Estado se reformularon, limitando su alcance y priorizando mecanismos estatales. Este laudo arbitral refuerza la idea de que reclamos basados en tratados obsoletos enfrentan barreras jurisdiccionales significativas, incentivando a inversionistas a adaptarse a los nuevos regímenes.
En términos económicos, el sector de ventas directas en México, donde opera Access Business Group, continúa expandiéndose pese a estos litigios. Empresas como esta generan empleo y contribuyen al PIB, pero deben navegar regulaciones locales cada vez más estrictas en materia de propiedad y uso de suelo. El caso también ilustra el equilibrio entre atraer inversión extranjera y promover equidad social, como en la redistribución de tierras a comunidades indígenas y ejidales en estados como Jalisco.
Perspectivas futuras para arbitrajes en México
Mirando hacia adelante, expertos en derecho comercial internacional anticipan un aumento en disputas similares bajo el T-MEC, particularmente en sectores energéticos y agrarios. La decisión en el caso de Access Business Group podría disuadir reclamos prematuros, fomentando negociaciones bilaterales en lugar de arbitrajes costosos. Para el gobierno mexicano, este triunfo valida su postura en foros multilaterales, consolidando su reputación como socio confiable en el comercio regional.
En el panorama más amplio del arbitraje de inversión, el CIADI sigue siendo un foro pivotal para resolver tensiones entre Estados y corporaciones transnacionales. Casos previos, como aquellos relacionados con expropiaciones en la industria petrolera, han establecido doctrinas que influyen en resoluciones actuales. Access Business Group, aunque enfrenta este revés, mantiene operaciones globales robustas, y este episodio podría impulsarla a refinar sus estrategias legales en mercados emergentes.
Como se detalla en el comunicado oficial de la Secretaría de Economía, este arbitraje representa un hito en la protección de recursos nacionales frente a demandas excesivas. Además, el laudo, una vez desclasificado de información confidencial, estará disponible en el portal del CIADI para consulta pública, permitiendo a académicos y profesionales analizar sus matices jurídicos con mayor profundidad.
Informaciones derivadas de reportes especializados en comercio internacional subrayan cómo la coordinación interinstitucional, como la entre Economía y Sedatu, fue clave para esta victoria. Finalmente, observadores del sector agrario destacan que decisiones como esta promueven un uso sostenible de los terrenos en regiones como Jalisco, beneficiando tanto a inversionistas responsables como a comunidades locales en el largo plazo.
