El estado de California ha presentado una demanda contra el presidente Donald Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, calificándolo de ilegal, inmoral e inconstitucional. La acción legal, liderada por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, busca revertir la decisión de federalizar las tropas sin el consentimiento del gobierno estatal, algo que no ocurría desde hace 60 años.
El conflicto comenzó tras las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias ordenadas por la administración Trump. El presidente desplegó 2,000 efectivos de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones, que, según él, eran violentas y representaban una amenaza al orden. Sin embargo, las autoridades locales aseguran que las protestas estaban bajo control y que la intervención federal fue innecesaria.
Gavin Newsom ha acusado a Trump de avivar las tensiones en la ciudad con esta medida. En una entrevista con MSNBC, el gobernador afirmó que el despliegue no solo es ilegal, sino que parece diseñado para agravar la situación. Newsom también envió una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, exigiendo que las tropas sean devueltas al control estatal.
Por su parte, Trump justificó su decisión en redes sociales, calificando a los manifestantes de “turbas violentas e insurrectas”. El presidente insistió en que su objetivo es restablecer el orden y proteger las instalaciones federales, acusando a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de no hacer lo suficiente para controlar las protestas.
La alcaldesa Bass también criticó el despliegue, describiéndolo como una escalada caótica que genera miedo en las comunidades. Según Bass, las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sembrado terror en los vecindarios latinos, lo que desencadenó las manifestaciones.
La demanda de California argumenta que la acción de Trump viola la Décima Enmienda de la Constitución, que delimita las competencias entre el gobierno federal y los estados. Además, el estado sostiene que no había una rebelión ni una emergencia que justificara la intervención federal, como requiere la ley utilizada por Trump.
El despliegue de la Guardia Nacional ha generado críticas de organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que lo considera una amenaza a la democracia. Activistas advierten que la presencia militar en las calles podría escalar aún más las tensiones en Los Ángeles.
La Casa Blanca, por su parte, defiende la medida. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que los disturbios justifican la intervención y acusó a Newsom de actuar con negligencia. Trump incluso sugirió que el gobernador podría ser arrestado por obstruir las operaciones federales, una declaración que ha intensificado el conflicto político.
Mientras tanto, las protestas en Los Ángeles continúan. Videos muestran a la policía utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales han incendiado vehículos y lanzado objetos. Las autoridades locales reportan más de 100 arrestos en los últimos días.
Este enfrentamiento entre California y la administración Trump marca una crisis institucional sin precedentes, que podría sentar un peligroso precedente para el uso del poder federal en otros estados. La batalla legal apenas comienza, y los ojos están puestos en cómo se resolverá este pulso entre el estado y la Casa Blanca.