Se avecina una campaña histórica para elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, pero los perfiles de algunos candidatos están dando de qué hablar. En Guanajuato, el caso de Óscar Aguayo Arredondo, ligado a Morena, ha desatado controversia por su pasado turbio. Acusado de defraudación y con un proceso penal que terminó en un acuerdo reparatorio de 237 mil pesos en 2022, su candidatura está en el ojo del huracán.
La diputada local del PAN cuestionó su elegibilidad en el Congreso, señalando que Aguayo no cumple con los requisitos de idoneidad. Su historial incluye un escándalo como asesor de la bancada morenista en la LXIII Legislatura, donde se le relacionó con un desvío de recursos. A pesar de ello, Morena rechazó un exhorto para revisar su postulación, dejando en evidencia su respaldo a personajes polémicos.
Aguayo también fue regidor en Guanajuato capital entre 2018 y 2021, tras no lograr la candidatura a la alcaldía por Morena. Su nombre reapareció en 2022 como promotor de una asociación civil que buscaba convertirse en partido, intento que fracasó. Ahora, estará en la boleta el 1 de junio.
El caso destapa una realidad alarmante: aspirantes con antecedentes cuestionables han superado los filtros para contender por cargos judiciales. Organizaciones como Defensorxs han señalado a candidatos ligados a narcotraficantes o con sanciones administrativas, poniendo en duda la integridad del proceso.
Mientras tanto, la opacidad de Morena en este asunto genera críticas. La bancada defendió a Aguayo, ignorando las pruebas de su pasado, lo que refuerza la percepción de que buscan controlar el Poder Judicial con figuras afines, sin importar su historial.