Un grupo de expertos de la ONU ha levantado la voz para exigir la liberación de cinco activistas indígenas tzeltales en Chiapas, condenados a 25 años de prisión por un supuesto homicidio. La organización internacional señaló irregularidades graves en el proceso judicial que llevó a su encarcelamiento.
Los activistas, originarios del municipio de San Juan Cancuc, son Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la localidad, junto con Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. Fueron detenidos en 2022, acusados de un homicidio calificado.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU determinó que la detención de los cinco indígenas fue arbitraria. Según el informe, no se presentaron pruebas suficientes para sustentar la acusación en su contra, lo que pone en duda la legitimidad del proceso judicial.
Además, la ONU destacó que los activistas enfrentaron violaciones a sus derechos humanos durante el proceso. Se reportó que no tuvieron acceso a una defensa adecuada ni a un intérprete en su lengua materna, lo que constituye una clara violación al debido proceso.
El caso ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos, que señalan que los activistas eran conocidos por su oposición a proyectos como la autopista Palenque-San Cristóbal. Este proyecto ha sido criticado por su impacto en las tierras indígenas y el medio ambiente.
La ONU no solo pide la liberación inmediata de los cinco hombres, sino también una indemnización por los daños sufridos. El organismo internacional argumenta que su encarcelamiento podría estar ligado a su activismo en defensa de los derechos de sus comunidades.
Este caso pone en el reflector las tensiones entre comunidades indígenas y proyectos de infraestructura en Chiapas. Los activistas han denunciado constantemente el despojo de tierras y la falta de consulta a los pueblos originarios, un tema recurrente en la región.
La resolución de la ONU representa un llamado urgente al gobierno mexicano para revisar este caso. Organizaciones locales e internacionales esperan que esta presión internacional lleve a la liberación de los activistas y a una investigación exhaustiva sobre las irregularidades denunciadas.
El caso de los cinco tzeltales no es un hecho aislado. En Chiapas, las comunidades indígenas enfrentan una creciente ola de violencia y desplazamientos, lo que agrava la situación de quienes defienden sus derechos y territorios.
La exigencia de la ONU pone en evidencia la necesidad de garantizar justicia y respeto a los derechos humanos en México, especialmente para los pueblos indígenas que luchan por preservar su cultura y su entorno.