Cientos de personas se manifestaron en el centro de Los Ángeles este domingo, gritando al unísono “qué vergüenza” ante la presencia de la Guardia Nacional, enviada por el presidente Donald Trump tras las protestas desatadas por redadas migratorias en el condado. Las manifestaciones, que ya suman tres días consecutivos, reflejan el rechazo de la comunidad a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las políticas migratorias de la Casa Blanca.
El despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional marca una escalada en la tensión, después de que las autoridades federales realizaran múltiples operativos en zonas hispanas de la ciudad. Los manifestantes, incluyendo familias con niños pequeños, expresaron su indignación por las detenciones masivas, que han dejado al menos 100 arrestos de migrantes en una semana. Los operativos, apoyados por agentes con equipo táctico y vehículos blindados, han generado choques con la comunidad.
El sábado, las protestas se intensificaron en Paramount, donde agentes federales enfrentaron a manifestantes que intentaban bloquear la salida de camionetas con detenidos. Según activistas, al menos 65 trabajadores fueron arrestados en una empresa local. Las consignas de “fuera ICE” resonaron mientras la policía usaba gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud, en escenas descritas por algunos como caóticas.
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró las manifestaciones como “asamblea ilegal”, lo que permitió el uso de fuerza para desalojar a los inconformes de la Autopista 101, donde bloquearon el tráfico por horas. A pesar de las tensiones, no se reportaron arrestos masivos de manifestantes el domingo, aunque 56 personas fueron detenidas durante el fin de semana por actos como arrojar objetos a los agentes.
El gobernador de California, Gavin Newsom, llamó a mantener las protestas pacíficas y criticó la intervención de la Guardia Nacional, asegurando que solo agrava el conflicto. En un mensaje en redes sociales, afirmó que California aporta más de 80,000 millones de dólares en impuestos al gobierno federal y cuestionó las amenazas de la Casa Blanca de recortar fondos al estado.
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su apoyo a la comunidad migrante y llamó a la calma. En una conferencia de prensa, subrayó que la ciudad siempre defenderá a quienes la consideran su hogar. Sin embargo, la presencia de la Guardia Nacional y las tácticas de dispersión han generado críticas de activistas, quienes acusan a las autoridades locales de no cumplir con la promesa de mantener a Los Ángeles como una “ciudad santuario”.
Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) denunciaron que las redadas buscan generar terror en la comunidad. Angélica Salas, directora de CHIRLA, afirmó que los operativos atacan a trabajadores y familias, mientras que activistas como Pablo Alvarado señalaron que los agentes federales ocultan su identidad con máscaras, lo que consideran una muestra de vergüenza por sus acciones.
La comunidad mostró su diversidad durante las protestas, ondeando banderas de distintos países, incluida la estadounidense, en un condado donde cerca de un millón de personas viven sin estatus legal. Voces como la de Beatriz Feliz, una ciudadana estadounidense de raíces mexicanas, destacaron la importancia de defender los derechos de los migrantes, mientras que otros, como Isabella García, expresaron su enojo contra las políticas que dividen familias.
Trump, por su parte, acusó a la “izquierda radical” de estar detrás de los disturbios y defendió el envío de la Guardia Nacional, calificando la situación como una “anarquía”. En redes sociales, el presidente insistió en que los responsables de actos violentos serán llevados ante la justicia, mientras que la Casa Blanca justificó las redadas como parte de su compromiso con la seguridad nacional.
A medida que las protestas continúan, la tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales no da señales de disminuir. California, considerada la cuarta economía mundial, se encuentra en el centro de un conflicto que pone a prueba los derechos de los migrantes y la libertad de expresión en una de las ciudades más diversas de Estados Unidos.