El gobernador de California, Gavin Newsom, ha levantado la voz contra la decisión del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles. La medida, tomada sin el consentimiento del gobierno estatal, responde a las protestas desatadas por redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Newsom calificó la acción como “intencionadamente incendiaria”, advirtiendo que solo escalará las tensiones en el estado.
Los disturbios comenzaron tras operativos federales en barrios mayoritariamente latinos, como el Distrito de la Moda y Westlake, donde se detuvieron al menos 45 personas. Según activistas, muchas de estas detenciones afectaron a migrantes sin antecedentes penales, lo que desató la indignación de la comunidad. Las protestas, marcadas por enfrentamientos con la policía, incluyeron gases lacrimógenos, balas de goma y arrestos de manifestantes, entre ellos líderes sindicales.
Trump justificó el envío de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional argumentando que busca “restaurar el orden” frente a lo que llamó “anarquía” en California. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el presidente criticó a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acusándolos de no poder controlar la situación. La Casa Blanca insistió en que la intervención federal es necesaria para frenar los disturbios.
Por su parte, Newsom ha defendido la capacidad de las autoridades locales para manejar la crisis sin intervención federal. En una publicación en redes sociales, el gobernador afirmó que el despliegue de tropas no responde a una necesidad real, sino al deseo de Trump de crear un “espectáculo”. La alcaldesa Bass también se pronunció, acusando al ICE de “sembrar el terror” en la ciudad con redadas que han separado familias.
Las protestas, que llevan dos días consecutivos, han generado escenas caóticas en Los Ángeles. Videos en redes sociales muestran a manifestantes enfrentándose a agentes federales, algunos portando banderas de México y otros cubriendo sus rostros para protegerse del gas lacrimógeno. En el centro de detención metropolitano, la tensión alcanzó su punto máximo cuando se reportaron actos de vandalismo y enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos durante las detenciones. El congresista Jimmy Gómez, quien intentó ingresar al centro de detención del ICE para verificar las condiciones de los migrantes, señaló que se les negó el acceso por “motivos de seguridad”. Reportes indican hacinamiento, falta de alimentos y agua, y condiciones precarias para los detenidos, lo que ha intensificado las críticas contra las políticas migratorias de Trump.
La comunidad latina, que representa más del 80% de los residentes en las zonas afectadas, se encuentra en un estado de incertidumbre y miedo. Activistas como Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, han condenado las redadas, afirmando que “aterrorizan” a los trabajadores y sus familias. Las protestas han reunido a cientos de personas exigiendo la liberación de los detenidos y el fin de las operaciones del ICE.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación por los operativos y llamó a respetar los derechos humanos de los migrantes. Mientras tanto, la decisión de Trump de tomar el control de la Guardia Nacional sin la aprobación de Newsom ha desatado un debate sobre los límites del poder federal, con algunos expertos calificándola como una crisis constitucional sin precedentes.
Esta situación ha puesto a California en el centro de la controversia nacional. La confrontación entre Newsom y Trump refleja las profundas divisiones en torno a la política migratoria en Estados Unidos. A medida que las protestas continúan, la tensión entre las autoridades locales y el gobierno federal amenaza con escalar aún más, dejando a las comunidades migrantes en un estado de vulnerabilidad y resistencia.