El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a las fuerzas federales tomar medidas drásticas para “liberar” Los Ángeles de lo que él califica como una “invasión migrante”. La declaración, publicada en su plataforma Truth Social, ha generado una ola de tensión en la ciudad, con protestas y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades.
La decisión de Trump llega tras días de disturbios en Los Ángeles, donde residentes de comunidades latinas se han enfrentado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las redadas masivas contra migrantes indocumentados han desatado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que acusan al gobierno federal de sembrar el miedo.
El despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad ha intensificado el conflicto. Tropas han llegado a Los Ángeles para sofocar las protestas, utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra manifestantes en el distrito de Paramount, una zona predominantemente latina. Vecinos reportan que algunos migrantes permanecen encerrados en negocios locales, temiendo ser detenidos.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha calificado el envío de la Guardia Nacional como “completamente perturbador” y ha cuestionado su necesidad. Bass sostiene que las autoridades locales tienen la capacidad de manejar la situación sin intervención militar, pero sus declaraciones han sido ignoradas por la administración Trump.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también ha respondido con dureza, afirmando que la militarización de la ciudad es “intencionadamente incendiaria”. Según Newsom, estas acciones solo agravan las tensiones y separan a las familias, afectando a trabajadores esenciales que contribuyen a la economía del estado.
Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes han denunciado que las comunidades latinas están siendo “atacadas y aterrorizadas”. Su líder, Angélica Salas, ha enfatizado que los migrantes son trabajadores, no criminales, y que estas políticas socavan la confianza en las instituciones.
Trump, por su parte, ha defendido su postura, afirmando que las operaciones son esenciales para “restaurar el orden” y expulsar a los “ilegales”. En un mensaje en redes sociales, aseguró que Los Ángeles será “liberada” de lo que describe como una amenaza a la seguridad nacional.
La situación en Los Ángeles sigue siendo volátil, con reportes de hasta 118 arrestos en un solo día. Las redadas, que continuarán siete días a la semana, han llevado a muchos migrantes a esconderse, mientras otros buscan refugio en iglesias y albergues.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado acciones legales para desafiar estas medidas, argumentando que violan derechos constitucionales. Los defensores de los migrantes advierten que las políticas de Trump podrían tener consecuencias económicas y sociales devastadoras para California.
Mientras tanto, en la frontera, México ha abierto albergues como el de Tijuana para recibir a los deportados. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y muchos migrantes se niegan a regresar a sus países de origen, buscando una segunda oportunidad en Estados Unidos.