Por tercer día consecutivo, las calles de Los Ángeles se han convertido en escenario de protestas masivas. Cientos de personas se han concentrado para manifestarse contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Las tensiones han escalado al punto de que la Guardia Nacional de Estados Unidos ha sido desplegada en varias zonas de la ciudad.
El sábado, las manifestaciones se centraron en la localidad de Paramount, donde agentes federales realizaron un operativo en una empresa local. Activistas reportaron la detención de al menos 65 trabajadores, lo que desató una respuesta inmediata de la comunidad. Cientos de manifestantes bloquearon la salida de vehículos federales, generando enfrentamientos con las autoridades.
La noche del sábado fue especialmente tensa. En el centro Metropolitano de Detención, los manifestantes lanzaron petardos contra la fachada del edificio. Algunos portaban banderas de México y usaban mascarillas para protegerse de los gases lacrimógenos utilizados por la policía. Los disturbios han dejado más de 100 arrestos, según reportes locales.
El despliegue de la Guardia Nacional, ordenado por Trump, incluye al menos 2,000 soldados. La Casa Blanca justificó la medida como necesaria para contener las protestas, a las que calificó de “violentas” y lideradas por “alborotadores”. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia. El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la acción, calificándola de “intencionadamente incendiaria”.
Newsom expresó su desacuerdo en un comunicado, señalando que el gobierno federal tomó el control de la Guardia Nacional de California sin su consentimiento. Por su parte, Trump amenazó con intervenir directamente si las autoridades locales no logran controlar la situación. En un mensaje en su red social, el presidente aseguró que “resolverá el problema” si el gobernador y la alcaldesa de Los Ángeles no actúan.
Las redadas migratorias forman parte de una ofensiva más amplia del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal. Desde su regreso al poder en enero de 2025, el presidente ha implementado medidas estrictas, incluyendo operativos en lugares de trabajo y restricciones a visas. Estas políticas han generado una ola de indignación en comunidades de inmigrantes.
Organizaciones de derechos humanos han condenado las detenciones, argumentando que muchos de los arrestados son trabajadores sin antecedentes penales. Los activistas también han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas. “Nuestros derechos no se negocian”, ha sido uno de los lemas más repetidos en las marchas.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha pedido calma y diálogo, pero las tensiones no muestran signos de disminuir. Con la Guardia Nacional patrullando las calles, la ciudad permanece en alerta. Los próximos días serán clave para determinar si las protestas se intensifican o si se logra una solución pacífica.
Este conflicto ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en torno a la política migratoria en Estados Unidos. Mientras algunos apoyan las medidas de Trump, otros las consideran una violación de los derechos humanos. Los Ángeles, una ciudad con una gran población inmigrante, se encuentra en el centro de esta controversia.