El gobierno del Estado de México ha dado un paso importante hacia la sostenibilidad con un ambicioso plan para implementar energías limpias en edificios públicos. Este proyecto busca transformar la forma en que las dependencias estatales y municipales consumen energía, priorizando fuentes renovables como la solar. La iniciativa responde a la necesidad de reducir el impacto ambiental y los costos asociados al consumo eléctrico en la entidad.
La meta es clara: para 2025, al menos el 50% de los edificios públicos del Estado de México deberán operar con energías renovables. Esto incluye instalaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos, municipios y servicios públicos como alumbrado y agua potable. La transición se planea completar de manera escalonada, con un objetivo final de alcanzar el 100% de cobertura para 2027.
El impulso hacia las energías limpias se basa en la Ley para la Implementación de Energías Limpias y Renovables, aprobada en 2023 por el Congreso mexiquense. Esta legislación establece las bases para que las unidades administrativas del gobierno estatal reduzcan su dependencia de fuentes no renovables, responsables de emitir miles de toneladas de dióxido de carbono al año. La transición busca mitigar el cambio climático y sus efectos en la región.
Según datos oficiales, las 5,155 unidades administrativas del gobierno estatal generan anualmente un promedio de 258,764 kilogramos de CO2 solo por el uso de energía eléctrica no renovable. Con la adopción de paneles solares y otras tecnologías verdes, se espera una reducción significativa de estas emisiones, además de un ahorro considerable en el gasto público por facturación eléctrica.
En 2025, el plan incluye la instalación de plantas solares en 415 edificios estatales y municipales. Estas instalaciones no solo cubrirán hasta el 100% de la demanda energética de los inmuebles, sino que también generarán ahorros económicos que podrán destinarse a otras áreas prioritarias. Este esfuerzo posiciona al Estado de México como un referente en la transición energética a nivel nacional.
Los municipios y organismos descentralizados ya han comenzado a enviar sus registros de inmuebles y planes de trabajo para medir el avance de la iniciativa. Las adecuaciones a la infraestructura, como la instalación de paneles solares, son clave para garantizar que el proceso sea efectivo y sostenible a largo plazo. La coordinación entre las autoridades estatales y locales será fundamental para cumplir los plazos establecidos.
Este proyecto también tiene un impacto positivo en la imagen del gobierno mexiquense, que busca demostrar compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética. Sin embargo, la implementación enfrenta retos logísticos, como la adaptación de edificios antiguos y la capacitación del personal para operar las nuevas tecnologías. A pesar de estos desafíos, las autoridades confían en que los beneficios a mediano y largo plazo superarán las dificultades iniciales.
El Estado de México se suma así a una tendencia global hacia el uso de energías renovables, en un contexto donde la lucha contra el cambio climático es una prioridad. La ciudadanía espera que esta iniciativa no solo cumpla con las metas establecidas, sino que también inspire a otros estados a adoptar medidas similares para proteger el medio ambiente y optimizar los recursos públicos.