La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha iniciado una cacería contra el “aguachicoleo”, un delito que amenaza los recursos hídricos de la región. Desde 2019, se han acumulado 18 denuncias por robo de agua, un problema que no solo afecta a la capital, sino que se extiende a otras zonas como Parral y la frontera. Este delito, castigado con penas de seis meses a cinco años de prisión, pone en jaque la sustentabilidad del estado.
En lo que va de 2025, la Fiscalía ha abierto dos nuevas carpetas de investigación. Una en Parral y otra en la frontera, lo que evidencia que el problema sigue vigente. La extracción ilegal de agua, conocida como “aguachicoleo”, no es solo un robo, sino un atentado contra el acceso al agua potable y el equilibrio ambiental de Chihuahua.
La capital del estado concentra la mayoría de las denuncias, con casos que han encendido las alarmas sobre la gestión de los recursos hídricos. La Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para identificar a los responsables, quienes suelen operar en redes que afectan tanto a comunidades urbanas como rurales.
El Código Penal del Estado es claro: el robo de agua no agravado puede llevar a los culpables a enfrentar hasta cinco años tras las rejas. Sin embargo, la complejidad de estos casos radica en la dificultad para detectar y probar las extracciones ilegales, que muchas veces pasan desapercibidas hasta que el daño es evidente.
En zonas rurales, el impacto del “aguachicoleo” es devastador. Los productores agrícolas y ganaderos son los más afectados, ya que dependen del agua para sus actividades. La sustracción ilegal deja a comunidades enteras en desventaja, agravando la escasez en un estado donde el agua es un recurso crítico.
La Fiscalía ha señalado que las investigaciones no solo buscan castigar a los responsables, sino también desmantelar las redes que facilitan este delito. En muchos casos, el “aguachicoleo” está vinculado a tomas clandestinas y sistemas de extracción sofisticados que requieren una respuesta coordinada de las autoridades.
El gobierno estatal ha prometido reforzar las medidas de vigilancia y control para proteger los recursos hídricos. Sin embargo, la persistencia de este problema pone en evidencia los retos que enfrenta Chihuahua para garantizar un manejo sostenible del agua en un contexto de creciente demanda.
A pesar de los esfuerzos, la ciudadanía exige resultados concretos. La presión está sobre la Fiscalía para que las investigaciones no queden solo en carpetas, sino que se traduzcan en sanciones efectivas contra quienes atentan contra el patrimonio natural del estado.
El “aguachicoleo” no es solo un delito local; es un reflejo de los desafíos nacionales en la gestión del agua. Chihuahua, como muchas otras regiones de México, enfrenta el reto de equilibrar el desarrollo con la preservación de un recurso cada vez más escaso.
La lucha contra el robo de agua apenas comienza, y la Fiscalía tiene ante sí la tarea de demostrar que puede frenar esta práctica que pone en riesgo el futuro de las comunidades chihuahuenses.