El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley de Participación Ciudadana que busca fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos incidan en las decisiones públicas. La iniciativa, impulsada por la Comisión de Participación Ciudadana, promete dar mayor voz a la población en temas clave como el presupuesto participativo y otros procesos democráticos. Sin embargo, no todos ven esta reforma con buenos ojos, y las críticas no se han hecho esperar.
La reforma establece nuevos lineamientos para garantizar que los ciudadanos puedan proponer y votar por proyectos que mejoren sus comunidades, como infraestructura en escuelas, parques y calles. Según los legisladores, el objetivo es modernizar los procesos de participación para hacerlos más accesibles y transparentes. La coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Patricia Contreras, destacó que la reforma permitirá a los chihuahuenses tener un papel más activo en la toma de decisiones.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la organización de foros especializados, que se llevarán a cabo del 9 al 13 de junio, para orientar a los ciudadanos sobre cómo presentar propuestas. Estos foros buscan aclarar los requisitos y procesos para que los proyectos sean aceptados y puedan someterse a votación. La fecha límite para registrar iniciativas será el 1 de agosto, y las autoridades locales ya han comenzado a promocionar esta convocatoria.
Sin embargo, la reforma ha generado dudas entre algunos sectores de la población. Críticos señalan que, a pesar de las buenas intenciones, la participación ciudadana en Chihuahua sigue siendo baja. Según datos recientes, muchos ciudadanos desconocen las candidaturas y los mecanismos para hacer llegar sus propuestas, lo que podría limitar el impacto de esta reforma. La falta de información y la complejidad de los procesos son obstáculos que persisten.
Otro aspecto que ha causado controversia es la percepción de que la reforma podría ser más un ejercicio de imagen que una solución real. Algunos ciudadanos y analistas locales consideran que, sin una verdadera campaña de difusión y educación cívica, la reforma no logrará movilizar a la población. La baja participación en procesos similares, como las elecciones judiciales recientes, es un precedente que preocupa.
Por su parte, las autoridades municipales y estatales defienden la reforma como un paso hacia una democracia más participativa. La regidora Rosa Isela Martínez Díaz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que la reforma responde a las demandas de los chihuahuenses de tener mayor injerencia en las decisiones que afectan sus comunidades. Sin embargo, no mencionó planes concretos para superar los retos de la apatía ciudadana.
La reforma también incluye ajustes al presupuesto participativo, un mecanismo que permite a los ciudadanos decidir cómo se gastará una parte de los recursos públicos. En 2025, se espera que los proyectos votados incluyan mejoras en infraestructura básica, como alumbrado público y pavimentación, que han sido demandas históricas en varias colonias de Chihuahua. Sin embargo, algunos legisladores opositores han cuestionado si los recursos asignados serán suficientes.
Mientras el gobierno local celebra la aprobación de esta reforma, la verdadera prueba será su implementación. Los ciudadanos esperan que no se quede en promesas y que realmente se traduzca en beneficios tangibles para sus comunidades. Por ahora, la expectativa es alta, pero la confianza en las autoridades sigue siendo frágil.