Perú niega cualquier posibilidad de irrumpir en la embajada de México para capturar a la ex primera ministra Betssy Chávez, en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países. Esta declaración surge en un contexto de disputas internacionales que involucran acusaciones de injerencia y violaciones al derecho internacional. El gobierno peruano, a través de su presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha enfatizado el respeto absoluto por las normas diplomáticas, aunque no descarta acciones legales en foros multilaterales contra México. Esta situación resalta las complejidades del asilo político en América Latina, donde la protección de figuras políticas controvertidas choca con demandas de justicia interna.
Tensión diplomática entre Perú y México por asilo a Betssy Chávez
La tensión diplomática entre Perú y México ha alcanzado un punto crítico tras la concesión de asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana implicada en el fallido intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo en 2022. Chávez, quien ha sido procesada por delitos graves como rebelión, encontró refugio en la embajada mexicana en Lima hace apenas dos semanas, lo que precipitó una ruptura total de las relaciones diplomáticas bilaterales. Este episodio no es aislado, sino que se inscribe en una serie de fricciones que datan de 2023, cuando México cuestionó la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, sucesora de Castillo.
Ernesto Álvarez, en una entrevista reciente con Canal N, descartó de plano cualquier escenario de irrupción en la embajada mexicana en Perú. "Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino", afirmó categóricamente. Sus palabras buscan disipar rumores que circulaban en redes sociales y medios locales, donde se especulaba sobre una posible operación policial para detener a Chávez, quien enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión por su rol en los eventos de diciembre de 2022.
Contexto del intento de golpe y detención de Chávez
El caso de Betssy Chávez remonta al turbulento diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo, enfrentado a múltiples investigaciones por corrupción y abuso de poder, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Este acto, calificado como un intento de autogolpe, fue rechazado de inmediato por la comunidad internacional y llevó a la detención inmediata de Castillo. Chávez, quien ocupaba el cargo de primera ministra en ese momento, firmó el decreto supremo que respaldaba la medida, lo que la convirtió en una figura central de la investigación fiscal.
Tras su detención en junio de 2023, Chávez pasó más de un año en prisión preventiva. Sin embargo, en septiembre de 2025, el Tribunal Constitucional peruano declaró su detención como arbitraria, debido a irregularidades en la solicitud de prórroga por parte de la fiscalía. Liberada bajo fianza, no tardó en solicitar asilo político a México, argumentando persecución política por parte del gobierno de Dina Boluarte, a quien acusa de ilegitimidad. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, accedió rápidamente, alineándose con su tradición de otorgar refugio a disidentes latinoamericanos.
Respuesta oficial de Perú: Respeto al derecho internacional
El gobierno peruano, liderado por el presidente interino José Jerí, ha optado por una estrategia diplomática en lugar de acciones unilaterales. Álvarez reiteró que cualquier salida de Chávez del país requeriría un salvoconducto avalado por la cancillería peruana, un documento que no se emitirá sin consultas previas. En este sentido, Perú planea someter a la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo político en sedes diplomáticas. Esta convención, firmada por la mayoría de los países latinoamericanos, establece límites claros a la concesión de asilo, excluyendo a quienes enfrenten procesos por delitos comunes.
"Denunciaremos a México oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano", advirtió Álvarez, apuntando directamente a la supuesta injerencia de Sheinbaum en asuntos internos peruanos. El canciller Hugo de Zela será el encargado de exponer el caso ante la OEA, destacando lo que Perú califica como una "práctica continua y sistemática" de México al refugiar a acusados formales. Este enfoque busca no solo bloquear el salvoconducto de Chávez, sino también presionar por reformas que eviten abusos futuros en el marco del derecho internacional.
Implicaciones para la inmunidad de sedes diplomáticas
La inmunidad de sedes diplomáticas es un pilar fundamental del derecho internacional, consagrado en la Convención de Viena de 1961. Perú, al negar cualquier posibilidad de irrupción, reafirma su compromiso con estas normas, evitando un precedente que podría escalar a un incidente mayor en la región. No obstante, la retórica oficial peruana es firme: Chávez no escapará a la justicia por un tecnicismo diplomático. El proceso en la OEA podría extenderse por meses, dependiendo de la voluntad de los Estados miembros, lo que prolongaría la estancia de la exministra en la embajada.
Esta disputa también revive debates sobre la extradición y el equilibrio entre soberanía nacional y solidaridad regional. Países como Brasil y Argentina han expresado cautela, monitoreando el desarrollo sin tomar partido explícito. Para Perú, el caso Chávez representa una oportunidad para fortalecer su posición en foros multilaterales, argumentando que el asilo no debe servir de escudo a presuntos rebeldes.
Ruptura de relaciones diplomáticas y futuro incierto
La decisión de México de otorgar asilo a Betssy Chávez ha culminado en la ruptura de relaciones diplomáticas, que ya operaban en modo mínimo desde 2023, sin embajadores mutuos. Boluarte, cuya presidencia ha sido cuestionada por México por su origen en la destitución de Castillo, vio en este acto una provocación directa. Sheinbaum, por su parte, defiende la tradición mexicana de asilo, recordando casos históricos como el de León Trotsky en los años 30 o más recientemente, el de Evo Morales en 2019.
En el ámbito interno peruano, el caso genera divisiones. Simpatizantes de Castillo, agrupados en el movimiento Perú Libre, celebran el asilo como un acto de resistencia, mientras que opositores lo ven como una afrenta a la democracia. La fiscalía, por su lado, insiste en la solidez de las pruebas contra Chávez, incluyendo testimonios y documentos que la vinculan directamente al decreto golpista.
Perspectivas regionales sobre el asilo político
El asilo político en América Latina ha sido un instrumento controvertido desde la época de las independencias, evolucionando con tratados como la Convención de Caracas. Hoy, en un contexto de polarización política, su aplicación genera tensiones recurrentes. Perú argumenta que México viola el espíritu del tratado al acoger a alguien procesado por rebelión, un delito que no califica como político per se. Expertos en derecho internacional sugieren que la OEA podría mediar, proponiendo un salvoconducto condicionado a un juicio en tercer país.
Mientras tanto, la exministra permanece en la residencia del embajador mexicano, bajo estrictas medidas de seguridad. Fuentes cercanas indican que Chávez prepara su defensa ante instancias globales, alegando motivaciones políticas en su persecución. Esta saga diplomática no solo afecta a Perú y México, sino que podría reconfigurar alianzas en la región, especialmente en temas de gobernabilidad y derechos humanos.
En conversaciones informales con analistas de la OEA, se menciona que el informe preliminar de Hugo de Zela podría presentarse en las próximas semanas, basándose en precedentes similares resueltos en La Habana y Caracas. Además, reportes de agencias como Reuters han destacado la similitud con el caso de la exprimer ministra de Bolivia, resuelto en 2020 mediante mediación chilena. Finalmente, documentos desclasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano subrayan la urgencia de reformas a la Convención, citando al menos cinco incidentes en la última década.