El sábado 7 de junio, las autoridades salvadoreñas capturaron al abogado constitucionalista Enrique Anaya en su residencia en Santa Tecla, a pocos kilómetros de San Salvador. La Fiscalía General de la República lo acusa de lavado de dinero y activos, un cargo que ha generado controversia debido al perfil crítico de Anaya contra el gobierno de Nayib Bukele.
Anaya, conocido por sus columnas en medios de comunicación y sus participaciones en programas de televisión, ha sido una de las voces más destacadas en señalar lo que considera abusos de poder del Ejecutivo salvadoreño. Su detención se produce en un contexto de creciente tensión, donde organizaciones de derechos humanos denuncian una escalada de persecución contra quienes critican al gobierno.
La Fiscalía anunció la captura a través de su cuenta oficial en X, mostrando imágenes de Anaya esposado y asegurando que será presentado ante los tribunales en los próximos días. Sin embargo, no se han proporcionado detalles específicos sobre las pruebas que sustentan la acusación, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia en el proceso.
Según reportes de medios locales, el arresto ocurrió en la vivienda de Anaya, donde llegaron agentes de civil acompañados por fiscales y policías uniformados. Videos difundidos en redes sociales muestran al abogado siendo escoltado a una patrulla, mientras denuncia que los agentes lo encañonaron durante la operación.
Anaya ha sido un crítico constante de Nayib Bukele, especialmente por considerar inconstitucional su reelección en 2024. También ha cuestionado el régimen de excepción implementado desde 2022, que permite detenciones sin orden judicial, y la destitución de magistrados de la Corte Suprema en 2021.
En las últimas semanas, el abogado había denunciado irregularidades en el proceso penal contra Ruth López, otra abogada crítica del gobierno y miembro de la ONG Cristosal, detenida el 18 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito. Anaya señaló supuestas ilegalidades en su caso, lo que lo convirtió en un blanco visible para las autoridades.
Organizaciones como Cristosal han calificado la detención de Anaya como parte de una estrategia para silenciar a quienes defienden el estado de derecho en El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las recientes detenciones de defensores de derechos humanos, incluyendo a López y otros activistas.
La comunidad internacional también ha reaccionado. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido sobre una persecución sistemática contra activistas, periodistas y juristas que cuestionan al gobierno de Bukele. Estas organizaciones señalan que las acusaciones de lavado de dinero y otros delitos son usadas como herramientas para neutralizar el disenso.
Por su parte, Bukele ha desestimado las críticas, acusando a sus opositores de ser parte de una “oposición corrupta” con vínculos delincuenciales. En un mensaje reciente, el presidente advirtió que “los días de impunidad han terminado”, en referencia a quienes se oponen a su gestión.
La detención de Anaya ha generado un intenso debate en El Salvador y más allá, con sectores que ven en este caso un nuevo capítulo en la confrontación entre el gobierno y sus críticos. Mientras tanto, el país sigue bajo un régimen de excepción que ha reducido los homicidios, pero que también ha sido cuestionado por violaciones a los derechos humanos.