Las redadas migratorias en Los Ángeles, California, han desatado una ola de protestas que este sábado alcanzaron su segundo día consecutivo. Decenas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) irrumpieron en una empresa en la ciudad de Paramount, arrestando al menos a 65 trabajadores, según reportes de activistas. La respuesta de la comunidad fue inmediata, con cientos de manifestantes enfrentándose a las autoridades para intentar bloquear los vehículos federales.
Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales han marcado estas jornadas. Por más de dos horas, las autoridades usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud que coreaba consignas como “fuera ICE”. Videos captados por testigos muestran a personas intentando frenar las camionetas de las fuerzas del orden, algunas cayendo al suelo en el intento. La tensión escaló al punto de que la policía de Los Ángeles tuvo que intervenir, declarando las protestas como reuniones ilegales.
Entre los detenidos en las protestas del viernes se encuentra David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, quien resultó herido mientras documentaba una redada. Este sábado, varios manifestantes también fueron arrestados, aunque no se ha precisado el número exacto. La comunidad ha denunciado tácticas intimidatorias por parte de los agentes, quienes llegaron equipados con uniformes tácticos, máscaras y vehículos blindados, generando un ambiente de temor en barrios latinos.
Un punto de controversia ha sido la negativa de las autoridades a permitir el acceso de abogados y congresistas al centro de detención de ICE en Los Ángeles. El congresista Jimmy Gómez reportó que se les negó la entrada por “motivos de seguridad”. Gómez también expresó preocupación por las condiciones de los detenidos, con denuncias de hacinamiento, falta de comida y agua, y encierro en salas oscuras por más de 12 horas.
Activistas como Ron Góchez, director de Unión del Barrio, han condenado las redadas, acusando al ICE de operar los fines de semana para dificultar la defensa legal de los inmigrantes. Góchez afirmó que la comunidad angelina no cederá y defenderá a sus miembros a cualquier hora. Por su parte, Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), señaló que estas acciones son una estrategia de la administración de Donald Trump para bloquear la oposición a una ley que asignaría miles de millones a las autoridades migratorias.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido las redadas, acusando a los líderes demócratas de Los Ángeles y California de fomentar la violencia. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, señaló a los manifestantes de agredir a agentes, dañar vehículos y propiedades federales. Sin embargo, estas declaraciones no han convencido a activistas como Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros, quien calificó los operativos como “asaltos” y criticó a los agentes por ocultar sus rostros tras máscaras.
Alvarado subrayó que los agentes saben que sus acciones son “fundamentalmente incorrectas” y violan la decencia humana. En un condado con cerca de un millón de personas sin estatus legal, la comunidad ha respondido con fuerza, organizándose para alertar sobre los operativos y proteger a los suyos. Las redes sociales se han llenado de advertencias sobre la presencia de “la migra” en supermercados y lugares de trabajo.
La escalada de tensión ha llevado a la intervención de la Guardia Nacional, con dos mil elementos desplegados en Los Ángeles, según confirmó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien describió la situación como “anarquía”. Mientras tanto, el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González, reportó que al menos 50 migrantes fueron detenidos en las redadas del viernes, con 11 ciudadanos mexicanos identificados hasta ahora.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han condenado las redadas, calificándolas de “crueles” y “caóticas”. Newsom señaló que estas acciones erosionan la confianza y debilitan a las comunidades, mientras Bass afirmó que siembran terror y perturban la seguridad de la ciudad. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también criticó a las autoridades locales por no cumplir su promesa de mantener a Los Ángeles como ciudad santuario.
Las protestas en Los Ángeles reflejan un rechazo amplio a las políticas migratorias de la administración Trump, que ha intensificado las deportaciones desde su regreso a la presidencia. Con una comunidad inmigrante decidida a resistir y autoridades federales redoblando sus esfuerzos, la situación en la ciudad permanece en un punto crítico, con las calles como escenario de un conflicto que no parece ceder.