El viernes 6 de junio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizaron operativos en varios puntos de Los Ángeles, arrestando al menos a 45 personas en zonas mayoritariamente hispanas. Los operativos, que incluyeron el uso de vehículos blindados y tácticas agresivas, generaron una fuerte reacción en la comunidad, con protestas que terminaron en enfrentamientos con las autoridades.
Las redadas comenzaron temprano en la mañana en lugares como el Distrito de la Moda y una tienda Home Depot, donde se detuvo a trabajadores, incluidos jornaleros que buscaban empleo. Según activistas, los agentes federales, apoyados por el FBI y la DEA, utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que intentaban impedir las detenciones.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó las acciones, afirmando que estas tácticas buscan sembrar terror en las comunidades inmigrantes. La ciudad, que se declara santuario, enfrenta críticas por la participación de la policía local en al menos uno de los operativos, lo que activistas consideran una traición a las leyes estatales que limitan la colaboración con las autoridades migratorias.
Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes denunciaron que los arrestos se realizaron sin órdenes judiciales en múltiples ubicaciones, incluyendo negocios y áreas cercanas a escuelas. Angélica Salas, directora de la coalición, exigió el cese inmediato de estas operaciones, destacando el impacto en familias y trabajadores.
El sábado, las protestas continuaron en la ciudad de Paramount, donde más de 50 vehículos federales participaron en otro operativo. Los manifestantes, ondeando banderas mexicanas, bloquearon calles y se enfrentaron a los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos. La tensión escaló con la detención de un líder sindical que documentaba las redadas.
El presidente Donald Trump amenazó con enviar a 2,000 soldados de la Guardia Nacional para controlar las protestas, calificando la situación como un problema que las autoridades locales no pueden manejar. Tom Homan, designado como zar de la frontera, defendió las redadas, afirmando que se enfocan en extranjeros ilegales criminales, aunque activistas señalan que muchos detenidos son trabajadores sin antecedentes.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles criticó a las autoridades locales por no cumplir su promesa de mantener Los Ángeles como ciudad santuario. Según la organización, la colaboración de la policía local ha intensificado el miedo en los barrios, impidiendo que las personas asistan al trabajo o a la escuela.
Los operativos forman parte de una estrategia nacional para cumplir la promesa de Trump de deportaciones masivas, con un objetivo de al menos 3,000 arrestos diarios. Sin embargo, la falta de transparencia y las tácticas agresivas han generado rechazo, con reportes de hacinamiento y malas condiciones en los centros de detención.
La comunidad latina, junto con activistas, ha convocado manifestaciones masivas frente a los centros de detención, exigiendo la liberación de los detenidos. Las imágenes de enfrentamientos, con agentes en equipo antidisturbios y manifestantes resistiendo, reflejan la creciente tensión en la ciudad.
Las redadas han avivado el debate sobre las políticas migratorias, con líderes locales y estatales exigiendo rendición de cuentas. Mientras tanto, la comunidad inmigrante permanece en alerta, organizándose para proteger a sus miembros y denunciar lo que consideran un ataque coordinado contra sus derechos.