Un tribunal federal de apelaciones ha rechazado la implementación de la controvertida ley SB 4-C en Florida, una medida que buscaba convertir la migración irregular en un delito estatal. La decisión, tomada por unanimidad, representa un revés significativo para las políticas migratorias impulsadas por el gobernador Ron DeSantis.
La ley SB 4-C pretendía permitir el arresto y encarcelamiento de personas que ingresaran al país sin autorización, incluso si ya habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido otros delitos. Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han celebrado el fallo, calificando la normativa como una de las más agresivas contra los indocumentados.
El panel del Undécimo Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos denegó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien buscaba suspender un fallo previo que mantenía bloqueada la ley. Este primer dictamen, emitido hace un mes, ya señalaba que la SB 4-C era probablemente inconstitucional.
La ACLU ha destacado que la decisión refuerza un mensaje claro: las leyes estatales que intentan regular la inmigración son contrarias a la Constitución. Según los defensores de derechos, esta normativa solo buscaba sembrar miedo en las comunidades migrantes y limitar sus derechos fundamentales.
Florida, un estado donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, ha sido escenario de varias medidas antiinmigrantes en los últimos años. Bajo el liderazgo de DeSantis, se han promovido políticas que prohíben ciudades santuario y multan a funcionarios que no cumplan con ciertas disposiciones migratorias.
La ley SB 4-C formaba parte de un esfuerzo más amplio para endurecer las restricciones contra los indocumentados, alineándose con las políticas migratorias del gobierno federal de Donald Trump. Sin embargo, su bloqueo judicial pone en duda la viabilidad de estas iniciativas a nivel estatal.
Organizaciones proinmigrantes han denunciado que leyes como esta generan un clima de persecución, donde las personas temen realizar actividades cotidianas como ir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela. La decisión del tribunal ofrece un alivio temporal a estas comunidades.
El fallo también resalta la tensión entre los poderes estatales y federales en materia de inmigración. Los tribunales han reiterado que la regulación migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal, limitando las acciones de estados como Florida.
Mientras el proceso legal continúa, la SB 4-C permanece suspendida. Este caso podría sentar un precedente importante para otras leyes similares en estados con políticas migratorias estrictas, marcando un punto de inflexión en el debate sobre los derechos de los inmigrantes.