Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha decidido que la Casa Blanca tiene la autoridad para negar el acceso de la agencia de noticias Associated Press (AP) al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One. La resolución, emitida el viernes 6 de junio de 2025, marca un revés significativo para la agencia, que había impugnado la restricción como una violación a la libertad de prensa.
El conflicto comenzó en febrero de 2025, cuando la Casa Blanca vetó a AP por no acatar una orden ejecutiva de Donald Trump, quien asumió su segundo mandato en enero. La orden exigía renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”. AP, en su guía de estilo, decidió mantener el nombre original, argumentando que, como medio global, debía usar términos reconocibles internacionalmente.
Donald Trump celebró la decisión del tribunal en su red social Truth Social. En un mensaje, afirmó que la resolución era una “gran victoria” contra AP, a la que acusó de difundir “noticias falsas” por no aceptar el nuevo nombre del golfo. La publicación refleja la postura de Trump, quien ha mantenido tensiones con varios medios durante su presidencia.
La jueza Neomi Rao, del tribunal de apelaciones de Washington, escribió la decisión mayoritaria. Según Rao, el Despacho Oval y el Air Force One no son foros públicos tradicionales, como parques o aceras, donde se garantice el acceso universal para actividades expresivas. Por ello, la Casa Blanca tiene la prerrogativa de limitar el ingreso a estos espacios.
En abril, un juez federal, Trevor McFadden, había fallado a favor de AP, ordenando a la Casa Blanca levantar las restricciones. Sin embargo, la administración apeló la decisión, argumentando que no estaba obligada a cumplirla mientras el caso estuviera en revisión. El fallo del tribunal de apelaciones revierte esa orden previa.
AP expresó su decepción ante la decisión. Un portavoz de la agencia señaló que están evaluando opciones legales para revertir el veto. La controversia ha generado críticas de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que calificó la restricción como “arbitraria” y contraria a la libertad de prensa.
El caso ha reavivado el debate sobre el acceso de los medios a eventos presidenciales. Históricamente, AP ha formado parte del grupo reducido de periodistas que cubren al presidente en espacios restringidos, como el Despacho Oval. La exclusión de la agencia podría sentar un precedente para futuras restricciones a otros medios.
La Casa Blanca, por su parte, defiende su posición. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que el acceso al Despacho Oval es un “privilegio”, no un “derecho legal”. Esta postura ha sido respaldada por la reciente decisión judicial, aunque el caso podría escalar a instancias superiores si AP decide continuar su batalla legal.
La controversia también ha puesto en el centro la relación entre el gobierno de Trump y la prensa. Otros medios, como Bloomberg y Reuters, han criticado los cambios en las reglas de acceso a eventos presidenciales, argumentando que limitan la transparencia y el flujo de información confiable.
Este fallo judicial no solo afecta a AP, sino que plantea preguntas sobre los límites de la libertad de prensa en contextos gubernamentales. Mientras el debate continúa, la decisión del tribunal de apelaciones refuerza, por ahora, la capacidad del Ejecutivo para controlar quién cubre los eventos en la Casa Blanca.