El gobierno de México ha alzado la voz contra los recientes operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, California. Estas acciones, impulsadas por la administración de Donald Trump, han resultado en la detención de cientos de personas, generando preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, expresó su inquietud ante lo que considera una escalada en las políticas migratorias agresivas de Estados Unidos. En un comunicado, México pidió que se garantice el respeto a la dignidad humana y los derechos de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
Los operativos, que se han intensificado desde el inicio del segundo mandato de Trump, han sido criticados por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. Estas acciones se enmarcan en la promesa del presidente estadounidense de implementar deportaciones masivas, una postura que ha generado tensiones en la relación bilateral con México.
El gobierno mexicano destacó que los migrantes, muchos de ellos de origen mexicano, enfrentan detenciones en condiciones que podrían no cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. México ha insistido en que cualquier operativo migratorio debe priorizar el trato digno y evitar la criminalización de las personas en movilidad.
A través de sus 53 consulados en Estados Unidos, México ha reforzado su estrategia de protección consular. La aplicación ConsulApp, lanzada recientemente, busca brindar apoyo y seguridad a los migrantes en situaciones de emergencia, mientras se digitalizan trámites para agilizar la asistencia.
Juan Ramón de la Fuente señaló que México no aceptará políticas que vulneren los derechos de sus ciudadanos en el extranjero. Además, el gobierno ha hecho un llamado a Estados Unidos para que las deportaciones se realicen de manera ordenada, transparente y con respeto a los protocolos internacionales.
La administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con un modelo humanitario de movilidad, que, según el gobierno, ha reducido en un 78% los cruces ilegales en la frontera. Este modelo busca facilitar el acceso a programas sociales y empleo para los migrantes que retornen al país.
Organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre una posible crisis humanitaria si las políticas de Trump se endurecen aún más. La cancelación de programas como DACA o el sistema CBP One podría dejar a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema en la frontera.
México ha solicitado a Estados Unidos que las personas que buscan asilo puedan presentarse en los puertos de entrada sin obstáculos. Asimismo, se ha opuesto a cualquier acuerdo bilateral que implique la expulsión expedita de migrantes a zonas fronterizas sin las debidas garantías legales.
La relación entre México y Estados Unidos enfrenta un momento crítico. Mientras Trump impulsa medidas como el despliegue de tropas en la frontera y aranceles comerciales, México busca mantener el diálogo para proteger a sus ciudadanos y evitar una escalada que afecte la cooperación bilateral.