Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el cierre del caso sobre presuntas violaciones a los derechos laborales en la empresa de autopartes Aludyne Automotive México City, ubicada en la Ciudad de México. La investigación, iniciada por una queja del gobierno estadounidense, buscaba determinar si la compañía negó derechos de libertad de asociación y negociación colectiva a sus trabajadores.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Economía, informó que el conflicto se resolvió bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Según el comunicado oficial, México compartió los resultados de su investigación con Estados Unidos el 16 de mayo de 2025, concluyendo que no hubo pruebas suficientes para respaldar las acusaciones.
El caso comenzó cuando el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares presentó una denuncia ante las autoridades estadounidenses. Alegaban que Aludyne interfirió en asuntos sindicales, intentó reemplazar líderes sindicales y restringió la participación de los trabajadores en comités. También se señaló un supuesto despido de tres empleados por sus actividades sindicales.
Tras la investigación, la Secretaría del Trabajo aseguró que no encontró evidencia de injerencia patronal por parte de Aludyne. En cuanto a los despidos, solo se identificó un caso con indicios de posible relación con actividades sindicales, y el trabajador fue reinstalado. Los otros dos casos no mostraron pruebas que vincularan los despidos con motivos sindicales, según las autoridades.
Respecto a las acusaciones de que Aludyne no negoció de buena fe, el gobierno mexicano señaló que la empresa y el sindicato revisaron de manera integral el Contrato Colectivo de Trabajo en 2024. Además, entre julio y diciembre de ese año, ambas partes participaron en procesos conciliatorios para resolver supuestas violaciones al contrato, y en 2025 se llevó a cabo la revisión salarial correspondiente.
Durante los 45 días de la investigación, Aludyne tomó medidas en coordinación con las autoridades mexicanas. Publicó una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales, difundió lineamientos de conducta para su personal y permitió que la Secretaría del Trabajo capacitara a sus empleados sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
El gobierno mexicano también destacó que Aludyne respetó las jornadas laborales, los roles de turno y el pago de vacaciones, conforme a la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo. Sobre las categorías laborales, la empresa acordó otorgar 10 de las 19 categorías solicitadas por el sindicato tras un proceso de conciliación.
Este cierre del caso marca el fin de la primera queja laboral presentada por el gobierno de Donald Trump contra una empresa mexicana bajo el tratado comercial. Sin embargo, la resolución deja preguntas abiertas sobre si realmente se garantizaron los derechos de los trabajadores o si el caso se cerró para evitar tensiones comerciales entre ambos países.
La embajada de Estados Unidos en México celebró el resultado, asegurando que las medidas tomadas por Aludyne fortalecen los derechos laborales. Mientras tanto, el sindicato denunciante no ha emitido declaraciones públicas tras el cierre del caso, lo que genera incertidumbre sobre su postura ante esta resolución.
El caso de Aludyne refleja los retos que enfrentan los trabajadores mexicanos en la defensa de sus derechos bajo el marco del tratado comercial. Aunque las autoridades de ambos países presentan este cierre como un éxito, la falta de pruebas contundentes y las medidas correctivas adoptadas por la empresa podrían no satisfacer a todos los involucrados.