Ábrego García, quien residía legalmente en Maryland con un estatus que lo protegía de la deportación, fue enviado en marzo de 2025 a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Su deportación fue catalogada como un “error administrativo” por el gobierno estadounidense, desatando una controversia legal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Ábrego García enfrenta cargos por conspiración para transportar migrantes indocumentados y transporte ilegal de personas sin estatus legal. Según las autoridades, el salvadoreño formaba parte de una red que operaba desde 2016, trasladando migrantes desde Texas a diversos estados.
La acusación señala que Ábrego García realizó cerca de 100 viajes entre 2016 y 2025, transportando migrantes de Centroamérica y Ecuador. Las autoridades también lo vinculan con la pandilla MS-13, una organización criminal, aunque su familia y abogados niegan estas afirmaciones.
El caso ha generado tensiones entre la administración Trump y el poder judicial. A pesar de órdenes de la Corte Suprema y un tribunal de primera instancia que exigían su regreso, el gobierno se resistió inicialmente, argumentando que no tenía autoridad para facilitar su retorno.
La fiscal general Pam Bondi anunció el regreso de Ábrego García, destacando la colaboración del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Según Bondi, si es declarado culpable, Ábrego enfrentará su condena en Estados Unidos antes de ser devuelto a El Salvador.
Organizaciones de derechos humanos han calificado la deportación inicial de Ábrego como una “desaparición forzada”. Su traslado al CECOT, una prisión conocida por denuncias de abusos, ha intensificado las críticas contra las políticas migratorias de Trump.
El senador Chris Van Hollen, quien visitó a Ábrego en El Salvador, calificó su deportación como una violación al debido proceso. Los abogados del migrante sostienen que las acusaciones son infundadas y que el caso refleja un abuso de poder.
Ábrego García compareció ante un tribunal en Nashville, Tennessee, donde se le negó la libertad bajo fianza. Su audiencia está programada para el 13 de junio, y de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cada migrante transportado.
Este caso pone en evidencia las complejidades de las políticas migratorias y el enfrentamiento entre el gobierno y el sistema judicial. Mientras Ábrego García espera su juicio, su historia sigue generando debate sobre justicia y derechos humanos.