El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, enfrenta un nuevo capítulo en su lucha contra el tráfico ilícito de armas. Tras el fallo unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos que desestimó la demanda mexicana contra fabricantes de armas, ambas naciones han retomado las negociaciones bilaterales. La decisión judicial, que protege a las empresas armamentistas bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, ha generado críticas y un renovado impulso para buscar soluciones conjuntas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, liderada por Juan Ramón de la Fuente, expresó un firme desacuerdo con el fallo estadounidense. México argumentó que las empresas, como Smith & Wesson y Glock, facilitan el flujo de armas a cárteles, alimentando la violencia en el país. Sin embargo, la Corte determinó que no se probó que estas compañías “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilegal, cerrando una vía legal clave para el gobierno mexicano.
A pesar del revés, México no se detiene. La Cancillería anunció que agotará todos los recursos legales y diplomáticos disponibles. En este contexto, funcionarios de ambos países se reunieron para reforzar estrategias bilaterales contra el tráfico de armas. El objetivo es claro: desmantelar las redes que nutren la violencia en México, donde miles de armas cruzan la frontera cada año.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó la importancia de la cooperación entre ambas naciones. Según el diplomático, el trabajo conjunto busca atacar las cadenas de suministro que arman a los cárteles. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema complica los esfuerzos mexicanos para responsabilizar directamente a los fabricantes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las leyes estadounidenses.
La violencia en México, exacerbada por el flujo de armas desde Estados Unidos, sigue siendo un problema crítico. Reportes indican que más de 55 mil armas han sido decomisadas al crimen organizado desde 2020, muchas de ellas provenientes de apenas diez condados estadounidenses. Este “río de hierro” alimenta los enfrentamientos y homicidios que afectan a comunidades enteras.
El gobierno de Sheinbaum insiste en que no bajará la guardia. Además de las negociaciones con Estados Unidos, México mantiene una segunda demanda en Arizona contra cinco tiendas de armas, la cual sigue en curso. Esta acción legal, enfocada en distribuidores fronterizos, busca demostrar la negligencia en la venta de armas que terminan en manos criminales.
Las críticas al fallo de la Corte Suprema no se han hecho esperar. Activistas y organizaciones en ambos países señalan que la inmunidad otorgada a los fabricantes perpetúa la violencia transnacional. En México, la percepción es que las leyes estadounidenses protegen a las empresas armamentistas a costa de la seguridad de las familias mexicanas.
A nivel internacional, el caso ha posicionado el tema del tráfico de armas en la agenda global. La resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021 y una futura opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reflejan el impacto de este problema. México espera que estas plataformas refuercen su postura contra el comercio irresponsable de armas.
El diálogo entre México y Estados Unidos continuará, con un enfoque en la inteligencia compartida y la regulación del comercio de armas. Sin embargo, el desafío es monumental: mientras las leyes estadounidenses amparen a los fabricantes, el flujo de armas hacia México seguirá siendo una amenaza constante.
La lucha contra el tráfico de armas no solo es una cuestión de seguridad, sino de soberanía. México reafirma su compromiso de proteger a sus ciudadanos, aunque el camino parece lleno de obstáculos. Las negociaciones bilaterales y las acciones legales en curso serán clave para determinar si este esfuerzo logra resultados concretos.