La elección judicial del 1 de junio en México, un experimento sin precedentes en el mundo, sigue generando controversia. Con una participación de apenas el 13 por ciento, los resultados preliminares muestran al oficialismo, liderado por Morena, controlando las principales instancias del Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) prometió resultados definitivos en un máximo de 10 días, pero el proceso avanza lentamente. En solo seis días, se resolvieron las elecciones para la SCJN y el Tribunal de Disciplina Judicial, pero la complejidad de los comicios, con 881 cargos federales en juego, ha generado críticas por la falta de claridad y la baja participación ciudadana.
Hugo Aguilar Ortiz, un abogado sin experiencia previa en el Poder Judicial, pero cercano al gobierno de Claudia Sheinbaum, será el primer presidente de la SCJN elegido por voto popular. Este hecho ha encendido las alarmas sobre la independencia judicial, ya que los nueve puestos de la Corte y los cinco del Tribunal de Disciplina Judicial estarán ocupados por figuras afines al oficialismo.
La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba democratizar el Poder Judicial, pero sus detractores advierten que podría ser una maniobra para consolidar el control de Morena. La oposición ha denunciado que los “acordeones” —listas que indicaban por quién votar— fueron distribuidos por operadores morenistas, sugiriendo una posible coacción al voto.
La baja participación ciudadana no pasó desapercibida. Con solo 13 millones de votantes, el proceso ha sido cuestionado por académicos y organismos internacionales, como la OEA, que recomendó no replicar este modelo en otros países. La complejidad de las boletas, que incluían hasta 10 tarjetones por ciudadano, y la falta de información clara desanimaron a muchos electores.
Además, la relajación de requisitos para los candidatos a jueces ha generado preocupación. Algunos aspirantes fueron señalados por su inexperiencia o incluso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esto, sumado a la lentitud del sistema judicial mexicano, donde 90,000 personas están privadas de libertad sin condena, pone en duda la efectividad de la reforma.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso, asegurando que los nuevos jueces deberán demostrar honestidad y profesionalismo a partir de septiembre, cuando tomen posesión. Sin embargo, las críticas persisten, especialmente por la falta de contrapesos en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que podría influir en las decisiones de los jueces sin suficiente supervisión.
El panorama judicial en México está en un momento crítico. Mientras Morena celebra el control del Poder Judicial, la sociedad civil y expertos advierten sobre los riesgos de politización. La próxima elección judicial, prevista para 2027, podría enfrentar aún más retos si no se corrigen las fallas de este primer ejercicio.