En Cuauhtémoc, Chihuahua, ha arrancado el cómputo oficial de las elecciones para juezas y jueces de distrito, un evento que marca un hito en la historia del estado. Por primera vez, la ciudadanía ha elegido directamente a los integrantes del Poder Judicial, un cambio impulsado por la controversial reforma judicial de 2024. La Asamblea Distrital Benito Juárez, con sede en esta ciudad, está a cargo de este proceso que promete transparencia, pero que no escapa a las críticas.
El cómputo comenzó tras la recepción de los paquetes electorales, que contienen los votos emitidos el pasado 1 de junio. Según las autoridades, este paso es crucial para garantizar que los resultados reflejen la voluntad popular. Sin embargo, la complejidad del proceso, con cientos de cargos judiciales en juego, ha generado dudas sobre la capacidad del Instituto Estatal Electoral (IEE) para manejarlo sin errores. La presión está sobre la mesa.
La reforma judicial, aprobada por el Congreso de la Unión en agosto de 2024 y adaptada por el Congreso de Chihuahua en diciembre, estableció la elección popular de 270 jueces de primera instancia y menores, además de magistrados. Este cambio, promovido por Morena, ha sido presentado como un avance hacia la democratización de la justicia. Pero no todos están convencidos: críticos señalan que la selección de candidatos, filtrada por comités ligados al gobierno, podría favorecer a perfiles afines al partido en el poder.
En Chihuahua, el proceso electoral extraordinario ha sido vigilado de cerca. La Asamblea Distrital asegura que se apega a los principios de legalidad y transparencia. Sin embargo, la falta de experiencia judicial de algunos candidatos ha encendido las alarmas. ¿Están realmente preparados para impartir justicia, o es solo un experimento político? La ciudadanía espera respuestas mientras los votos se cuentan.
Los resultados preliminares estarán disponibles en la plataforma oficial del IEE, donde se pueden seguir los avances en tiempo real. Este micrositio, activado desde el 1 de junio, busca mantener informada a la población. Pero la lentitud en la actualización de datos ha generado molestias entre quienes buscan claridad inmediata. La paciencia, al parecer, será clave en este proceso.
El cómputo debe concluir a más tardar el 15 de junio, según lo estipulado por la ley. Las 14 asambleas distritales del estado trabajan contrarreloj para cumplir con este plazo. En la Asamblea Distrital Morelos, por ejemplo, la presidenta Olga Lucía Navarro ha prometido agilizar el proceso, aunque reconoce que los 15 días son el límite máximo. La eficiencia será determinante para evitar cuestionamientos.
Este proceso no solo define quiénes ocuparán los juzgados, sino que también pone a prueba la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. Si bien la elección directa de jueces es vista como un paso hacia la participación ciudadana, los riesgos de politización son evidentes. En Chihuahua, donde la justicia enfrenta retos como la corrupción y la inseguridad, la elección de jueces no es un tema menor.
La ciudadanía de Cuauhtémoc y del resto del estado observa con atención. Los nuevos jueces, electos para un periodo de ocho años con posibilidad de reelección, tendrán en sus manos la responsabilidad de impartir justicia en un contexto complicado. Mientras el cómputo avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿será esta reforma un verdadero cambio o solo una maniobra política?