Una coalición de 70 abogados, exjueces de la Corte Suprema de Florida y profesores de derecho ha presentado una grave denuncia contra la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. La acusan de violar su compromiso ético al intentar politizar las acciones del Departamento de Justicia, según un reporte del Miami Herald.
La queja, presentada ante el Colegio de Abogados de Florida, señala que Bondi ha presionado a los abogados del Departamento de Justicia para que cumplan “celosamente” con los objetivos políticos del presidente Donald Trump. Según los denunciantes, esta conducta incluye amenazas de despido o sanciones para quienes no se alineen con dichas directrices.
Los juristas aseguran que las acciones de Bondi contravienen las reglas del Colegio de Abogados y las normas internas del Departamento de Justicia, que exigen mantener la neutralidad política en las decisiones judiciales. Este caso pone en el centro del debate la independencia de las instituciones judiciales en Estados Unidos.
El Miami Herald detalla que la coalición también recordó que el Colegio de Abogados de Florida desestimó recientemente otras dos quejas contra Bondi. Estas acusaciones previas señalaban que la fiscal no investigó ni procesó a funcionarios designados bajo la Constitución mientras estaban en el cargo, pero no prosperaron.
Entre los ejemplos citados en la denuncia actual, se menciona el despido de una abogada de inmigración con amplia experiencia, supuestamente por no seguir los dictados políticos de la administración Trump. Este caso, según los denunciantes, habría resultado en la deportación errónea de un hombre de Maryland a El Salvador.
Otro incidente destacado en la queja es la renuncia de una fiscal federal de larga trayectoria en el Distrito de Columbia. Según la denuncia, esta funcionaria decidió dimitir antes que acatar órdenes que, a su juicio, carecían de respaldo probatorio, lo que evidencia la presión ejercida por Bondi.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Florida desestimó la queja el viernes pasado, según informó el Miami Herald. Los denunciantes, un grupo con tendencias moderadas y progresistas, argumentaron que Bondi buscó obligar a los abogados a violar sus obligaciones éticas bajo el pretexto de una “defensa ferviente”.
La decisión de desestimar la queja ha generado controversia, ya que algunos consideran que inhabilitar a una fiscal general sería una medida extrema. Tal acción podría interpretarse como una represalia política, lo que podría agravar la polarización en el entorno político estadounidense.
Pam Bondi, exfiscal general de Florida, asumió el cargo de fiscal general de Estados Unidos tras la ratificación del Senado. Durante su comparecencia, prometió despolitizar el Departamento de Justicia y combatir el crimen organizado, incluyendo el tráfico de fentanilo y la violencia de pandillas.
Este caso pone en tela de juicio el compromiso de Bondi con la imparcialidad y la ética en su gestión. Mientras el debate continúa, la atención se centra en cómo las instituciones judiciales de Estados Unidos manejarán estas acusaciones en un contexto político cada vez más tenso.