Estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) han elevado sus voces en contra de lo que consideran un riesgo inminente para el ambiente académico. Las acusaciones de historial de violencia contra candidatas a directora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno han sacudido las instalaciones en la Zona Centro de la capital guanajuatense. Este conflicto pone en el centro el debate sobre derechos humanos en entornos educativos, donde el hostigamiento y el abuso de poder amenazan la integridad de alumnos y docentes.
Denuncias que Revelan un Patrón de Violencia Institucional
El epicentro de la controversia radica en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, que desde el 3 de septiembre de 2025 permanece acéfalo tras la renuncia de la doctora Leslie Estefanía Flores Rivera. Los estudiantes, particularmente de la Maestría en Análisis Político, señalan directamente a dos profesoras-investigadoras: Ma. Aide Hernández García y Elizabeth Cristina Cobilt Cruz. Ambas candidatas, según las denuncias, portan un historial de violencia que incluye violaciones a derechos humanos documentadas en la Defensoría de Derechos Humanos en el Entorno Universitario de la UG.
Hostigamiento Psicológico y Amenazas a Becados
Las acusaciones detallan un patrón de hostigamiento psicológico dirigido especialmente a estudiantes becados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Los afectados relatan cómo las candidatas imponen asistencias obligatorias a conferencias organizadas por ellas mismas, utilizando narrativas de amenaza que recuerdan constantemente la condición de becados de los alumnos. "No somos números ni tesis", proclaman los carteles en el tendedero de denuncias, un método de protesta anónimo que expone estas prácticas extractivistas académicas.
Este tipo de violencia no solo limita la libertad de expresión, sino que genera un clima de miedo que permea las aulas y los pasillos del departamento. Los estudiantes temen represalias si una de estas candidatas asume la dirección, especialmente ahora que sus protestas las han puesto en el ojo público. La renuncia previa de la directora interina se atribuye precisamente a las presiones y violencias ejercidas por estas figuras, lo que agrava la percepción de un ciclo de abuso de poder incontrolado.
Abuso de Poder en la Gestión Académica
El historial de violencia se extiende más allá del hostigamiento individual. Las denuncias incluyen autoasignaciones de clases sin transparencia, monopolio en la coordinación de posgrados y dirección de proyectos de investigación. Una de las candidatas, por ejemplo, funge como coordinadora de la Maestría en Análisis Político y directora de múltiples tesis, lo que concentra poder de manera desproporcionada y fomenta el autoritarismo. Este extractivismo académico, como lo denominan los alumnos, trata a los estudiantes como meros recursos para inflar cifras en maestrías y publicaciones, ignorando los principios de pluralidad y democracia que deberían regir la ciencia política.
El Tendedero de Denuncias: Un Grito Colectivo
En un acto de resistencia colectiva, estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política y la Maestría en Análisis Político instalaron un tendedero en las instalaciones del departamento. Los carteles, anónimos para proteger a los denunciantes, cuestionan abiertamente: "¿Por qué están siendo consideradas para ser directoras del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno?". Los mensajes resaltan que el régimen utilizado en sus clases no representa los valores de la UG, como entornos libres de violencia y circuitos de paz. "Rechazamos el extractivismo académico como medio para aumentar sus 'cifras' en la maestría", se lee en uno de ellos, subrayando la desconexión entre estas prácticas y los pilares de la disciplina que enseñan.
Esta forma de protesta, inspirada en movimientos estudiantiles previos en México, visibiliza no solo las acusaciones individuales, sino un problema sistémico en la gestión universitaria. Los alumnos insisten en que el departamento no puede prolongar su vacío directivo, pero urgen una elección que priorice la equidad y el respeto a los derechos humanos. Aunque no tienen voto formal en el proceso, su intervención ha forzado un debate público sobre la idoneidad de las candidaturas aprobadas por el Consejo de la División de Derecho, Política y Gobierno.
Contexto de las Candidaturas y el Vacío Directivo
Las candidaturas en disputa incluyen, además de las dos profesoras señaladas, al doctor Daniel Añorve Añorve y a la maestra Sandra Liliano Prieto de León. El Consejo mencionó ya ha dado luz verde a todas, pero las denuncias han pausado el proceso en la opinión pública. El departamento, clave en la formación de líderes políticos en Guanajuato, enfrenta ahora un dilema ético: ¿cómo equilibrar la continuidad operativa con la protección de su comunidad académica?
La ausencia de un director desde septiembre ha impactado las operaciones diarias, desde la programación de clases hasta la supervisión de tesis. Los estudiantes becados, en particular, se sienten doblemente vulnerables: dependen de becas estatales y temen que el abuso de poder escale si no se actúa. Este caso ilustra un desafío mayor en las universidades públicas mexicanas, donde el avance profesional de algunos docentes choca con el bienestar colectivo.
Implicaciones para la Educación Superior en México
Las acusaciones de historial de violencia en candidatas a posiciones de liderazgo no son aisladas en el panorama educativo nacional. En contextos como la UG, institución emblemática con campus en múltiples estados, estos episodios cuestionan los mecanismos de selección y las políticas internas contra el acoso. La Defensoría Universitaria, aunque ha emitido recomendaciones previas, parece insuficiente para prevenir recurrencias, dejando a los estudiantes en una posición reactiva.
Expertos en educación superior coinciden en que casos como este demandan revisiones exhaustivas de los perfiles de aspirantes, incorporando evaluaciones de impacto en la comunidad. El temor a represalias, un hilo conductor en las denuncias, resalta la necesidad de protocolos anónimos y efectivos. Solo así se puede garantizar que líderes académicos encarnen los valores democráticos que predican en sus aulas.
En las semanas previas, reportes de medios locales como A.M. han documentado protestas similares en otras divisiones de la UG, donde el tendedero se ha convertido en símbolo de empoderamiento estudiantil. Fuentes cercanas al consejo directivo indican que una reunión extraordinaria podría convocarse pronto para abordar estas inquietudes, aunque hasta el momento, la universidad mantiene un silencio oficial que aviva las tensiones.
Mientras tanto, los alumnos continúan su vigilancia, recordando que la verdadera fortaleza de un departamento radica en su capacidad para fomentar entornos inclusivos. El historial de violencia denunciado no solo afecta a los involucrados directos, sino al prestigio de la institución en un momento en que la transparencia es crucial para atraer talento joven.
Conversaciones con exalumnos, quienes prefirieron el anonimato, corroboran patrones similares en semestres pasados, sugiriendo que las recomendaciones de la Defensoría han sido un paso inicial pero insuficiente. Publicaciones en redes internas de la UG también circulan anécdotas que pintan un cuadro consistente de autoritarismo, urgiendo una intervención más profunda.
En resumen, este episodio en la Universidad de Guanajuato trasciende las candidaturas individuales; es un llamado a reformar las estructuras de poder académico para priorizar la dignidad humana sobre las ambiciones personales.