El crimen organizado en Chihuahua ha escalado su violencia a niveles alarmantes, utilizando drones para atacar y vigilar. En diversos operativos, la Policía Estatal ha confiscado baterías, explosivos artesanales y aeronaves no tripuladas en municipios como Uruachi, Madera y Aldama, evidenciando la sofisticación de estas organizaciones criminales.
En enero de 2025, un decomiso en Arechuyvo, Uruachi, reveló un arsenal que incluía un fusil calibre .50, otro calibre .30-06, 205 balas y dos drones. Estos equipos no solo sirven para atacar, sino también para monitorear movimientos de autoridades y civiles, incrementando la sensación de inseguridad en la región.
El uso de drones por parte de grupos delictivos no es nuevo, pero su frecuencia y audacia han crecido. En octubre de 2024, la organización conocida como “La Empresa”, dedicada al tráfico de personas, fue señalada por emplear drones para vigilar la frontera en Ciudad Juárez, facilitando el cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha intentado contrarrestar esta amenaza. El pasado miércoles, se informó que agentes recibieron un curso binacional en El Paso, Texas, enfocado en la detección y neutralización de drones. Sin embargo, los avances parecen insuficientes frente a la rapidez con la que los criminales adoptan estas tecnologías.
La colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses ha dado algunos resultados. En septiembre de 2024, un operativo conjunto logró la detención de Adrián G.A., miembro de “La Empresa”, quien usaba drones para espiar a la Patrulla Fronteriza en la zona de Anapra. Este caso marcó un precedente, pero la investigación sigue abierta.
El incremento de la violencia con drones refleja un problema más profundo: la falta de estrategias efectivas para frenar al crimen organizado. En Chihuahua, los ataques no solo afectan a las autoridades, sino que generan temor en comunidades enteras, que ven cómo la delincuencia opera con impunidad.
Expertos señalan que los grupos criminales han sofisticado sus tácticas, reclutando incluso a exmilitares para operar estos dispositivos. Esta militarización del crimen pone en jaque a las instituciones, que luchan por adaptarse a un escenario de guerra tecnológica.
La población de Chihuahua vive bajo la sombra de esta nueva ola de violencia. Mientras los drones sobrevuelan los cielos, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo las autoridades podrán contener esta amenaza que parece crecer sin control?