En un fallo que marca un precedente, un jurado federal en Texas absolvió a Adely Vanessa De La Cruz-Álvarez, una joven peruana de 21 años, acusada de allanar una zona militar tras cruzar el río Grande desde México. Este caso, el primero de su tipo desde que la administración de Donald Trump declaró partes de la frontera de Nuevo México y Texas como zonas militares, pone en tela de juicio las tácticas migratorias del gobierno estadounidense.
La joven fue detenida el 12 de mayo cerca de Tornillo, a 40 millas de El Paso, por soldados del Ejército y un agente de la Patrulla Fronteriza. La encontraron sola, sentada junto a un muro de bolardos, tras haber cruzado la frontera de manera irregular. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia, enfrentando cargos por entrada ilegal, violación de propiedad de defensa nacional y allanamiento de una base militar.
El juicio giró en torno a un punto clave: la visibilidad de las señales que advertían sobre la zona militar. Según el diario The Texas Tribune, el abogado defensor, Shane Michael McMahon, argumentó que estas señales eran prácticamente ilegibles o incluso inexistentes en el momento del cruce. Durante el juicio, un agente de la Patrulla Fronteriza admitió no recordar si la señal estaba colocada cuando arrestaron a De La Cruz-Álvarez.
La defensa calificó la zona militar como una “trampa” para migrantes, diseñada para justificar detenciones y deportaciones. McMahon destacó que la señal, de apenas un pie por dos, era difícil de leer incluso a pocos metros de distancia. Este argumento fue central para la absolución de los cargos de allanamiento, aunque la joven fue declarada culpable de entrada ilegal y sentenciada a tiempo cumplido más un día laboral.
Este no es el primer revés para las políticas migratorias de Trump. En mayo, jueces federales en Texas y Nuevo México desestimaron más de cien acusaciones similares por falta de pruebas de que los migrantes conocieran las restricciones de las zonas militarizadas. Estos fallos cuestionan la legalidad y efectividad de estas medidas.
Desde enero, cuando Trump asumió nuevamente la presidencia, el Pentágono ha intensificado su presencia en la frontera sur, desplegando miles de soldados y utilizando aviones militares para trasladar migrantes, especialmente venezolanos, a la base naval de Guantánamo en Cuba. Estas acciones forman parte de una estrategia para cumplir la promesa de deportar a un millón de migrantes al año, incluyendo a algunos que ingresaron legalmente.
A pesar de la absolución, el fiscal federal Justin Simmons insistió en que su oficina seguirá persiguiendo violaciones en las áreas de defensa nacional. Declaró que el caso representa una “victoria” para Estados Unidos, ya que De La Cruz-Álvarez será deportada por el cargo de entrada ilegal. Sin embargo, el fallo envía un mensaje claro sobre los límites de las tácticas migratorias actuales.
Veronica Teresa Lerma, otra de las abogadas defensoras, señaló que este veredicto refleja la postura de la comunidad de El Paso frente a estas acusaciones. El caso ha generado debate sobre la militarización de la frontera y su impacto en los derechos de los migrantes, mientras las deportaciones masivas siguen siendo un objetivo prioritario de la administración Trump.
El fallo no solo destaca las fallas en la señalización de las zonas militarizadas, sino que también pone en evidencia los retos legales que enfrenta el gobierno estadounidense. La absolución de De La Cruz-Álvarez podría influir en futuros casos, marcando un precedente en la lucha contra las políticas migratorias más duras.
A pesar de la victoria legal, la joven peruana enfrenta un futuro incierto. Aunque fue absuelta de los cargos de allanamiento, su condena por entrada ilegal la pone en riesgo de deportación inmediata, un destino que comparten miles de migrantes en la frontera mientras las tensiones políticas y migratorias continúan en aumento.