En un caso que ha sacudido a Ciudad Juárez, el juicio contra dos expolicías municipales acusados de secuestro agravado llegó a su fin. Juan Manuel R. I., alias “El Papi”, fue encontrado culpable, mientras que Saulo D. G. fue absuelto y se ordenó su liberación inmediata del Cereso 3, donde permanecía desde mayo de 2023. La resolución ha generado controversia por las acusaciones de irregularidades en el proceso.
Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando los acusados, junto con otro expolicía, Bryan Fernando H. R., presuntamente utilizaron uniformes, armas y vehículos oficiales para secuestrar a migrantes. Este delito ocurrió en un contexto donde Juárez se ha convertido en un punto clave para migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de estas poblaciones.
La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) señaló que los expolicías traicionaron su deber de proteger a la ciudadanía. Los hermanos víctimas del secuestro identificaron a sus agresores con certeza, declarando ante el juez Arnulfo Arellanes que “cuando te lastiman y ves el rostro de quien lo hizo, no lo olvidas”. Este testimonio fue clave para la condena de R. I.
Sin embargo, la defensa de los acusados argumentó que el caso presentaba irregularidades. Salvador Martínez, abogado de R. I., pidió descartar el testimonio de una testigo protegida, alegando que se trataba de un delito migratorio y no de secuestro. Además, cuestionó la imparcialidad de la testigo, quien es hermana de otro acusado menor de edad.
Por su parte, Juan Carlos Pérez Payán, defensor de D. G., denunció violaciones a derechos fundamentales, ya que los acusados no estuvieron presentes en una audiencia clave en mayo de 2023. Estas supuestas fallas procesales fueron parte de los argumentos que llevaron a la absolución de D. G.
El juez Arnulfo Arellanes emitió un fallo mixto tras un breve receso, cuya explicación completa se dará en una audiencia posterior. Mientras tanto, el próximo 12 de junio se definirá la sentencia de prisión para Juan Manuel R. I., lo que mantiene la atención sobre este caso.
La condena de uno de los expolicías pone en el reflector el abuso de poder en las fuerzas de seguridad. A pesar de que uno de los acusados ya no formaba parte de la corporación, ambos hicieron uso de recursos oficiales, según la fiscalía, lo que agrava la percepción de inseguridad en la región.
Este caso resalta los retos que enfrenta Ciudad Juárez ante el aumento de delitos relacionados con la migración. La absolución de uno de los acusados y las críticas al proceso judicial han generado cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de justicia en casos de alto impacto.
La liberación de Saulo D. G. ha causado indignación entre algunos sectores, que consideran que las fallas procesales no deberían beneficiar a presuntos responsables. Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan que la sentencia contra R. I. marque un precedente en la lucha contra la impunidad.
El juicio pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las corporaciones policiales. La atención ahora se centra en la próxima audiencia, donde se definirá el futuro de “El Papi” y se espera claridad sobre las decisiones judiciales tomadas.