El programa de apoyos económicos para personas con discapacidad en Chihuahua ha sido cuestionado por su limitado alcance. Los manifestantes señalaron que los recursos actuales no cubren las necesidades de todos los beneficiarios, dejando a muchos sin el respaldo necesario para mejorar su calidad de vida. Este problema, aseguran, se agrava por la falta de voluntad del gobierno estatal para firmar convenios con la federación que podrían ampliar la cobertura de estos apoyos.
Laura Fuentes, representante de la Asociación de Personas con Discapacidad de Chihuahua, fue clara al expresar la indignación del colectivo. Recordó que la vida humana debería ser la prioridad, pero las decisiones presupuestales del gobierno parecen no reflejarlo. Los manifestantes denunciaron que, mientras otras áreas reciben mayores recursos, los apoyos para personas con discapacidad siguen siendo insuficientes.
Uno de los puntos más críticos de la protesta fue la exigencia de que Chihuahua firme el convenio con el gobierno federal para acceder al programa de Pensión para el Bienestar. Este programa otorga 3,200 pesos bimestrales a personas con discapacidad de 0 a 64 años, pero requiere la colaboración estatal para su implementación. Sin esta firma, miles de personas en el estado quedan excluidas de un apoyo que podría ser transformador.
La falta de acción por parte del gobierno de Chihuahua ha llevado a que el colectivo tome medidas legales. En marzo de este año, la Asociación de Personas con Discapacidad presentó un amparo para exigir que se respeten sus derechos. Este recurso legal busca obligar a las autoridades a garantizar los apoyos económicos que, según los manifestantes, les han sido negados de manera injusta.
Otro aspecto que resaltaron los manifestantes es la necesidad de sustituir las despensas por apoyos económicos directos. Las tarjetas de vales, argumentan, permitirían a las personas con discapacidad decidir cómo usar los recursos según sus necesidades específicas, desde medicamentos hasta transporte. Esta demanda busca devolverles autonomía y dignidad en la gestión de su día a día.
La protesta también incluyó un llamado al cumplimiento de un decreto estatal que obliga a otorgar plazas laborales a personas con discapacidad. Este punto, según el colectivo, es fundamental para garantizar su inclusión en la sociedad y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, aseguraron que el gobierno no ha avanzado lo suficiente en esta materia.
Frente al Palacio de Gobierno, las pancartas y consignas reflejaron el hartazgo de un sector que se siente olvidado. La falta de respuestas concretas ha generado un sentimiento de abandono entre las personas con discapacidad, quienes insisten en que sus derechos no son negociables. La manifestación dejó claro que el colectivo no está dispuesto a retroceder en su lucha.
La situación en Chihuahua pone en evidencia un problema estructural: la falta de coordinación entre los gobiernos estatal y federal. Mientras otros estados han avanzado en la universalización de los apoyos para personas con discapacidad, Chihuahua sigue rezagado, lo que ha intensificado las tensiones entre el colectivo y las autoridades.
La voz de Inclusión con Dignidad resonó con fuerza este jueves, recordando que la lucha por la equidad y la justicia no termina. Las personas con discapacidad en Chihuahua seguirán exigiendo que sus derechos se respeten y que los apoyos lleguen de manera igualitaria, sin excusas ni demoras.