La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) han anunciado una alianza estratégica para priorizar proyectos de agua potable, saneamiento y modernización de sistemas de riego en México. Esta iniciativa, según las autoridades, busca atender las crecientes demandas de infraestructura hídrica en un contexto de escasez y desigualdad. Sin embargo, la ambiciosa meta de completar 21 proyectos prioritarios antes del fin de la administración levanta preguntas sobre su viabilidad y transparencia.
El plan abarca 19 entidades del país, con un enfoque en 16 proyectos de agua potable y saneamiento. Entre ellos, destacan obras como el Acueducto Yaqui en Sonora, la presa Libertad en Nuevo León y el saneamiento del río Mololoa en Nayarit. Estas iniciativas, según Conagua, consumirán el 90% del presupuesto asignado al sector ambiental, lo que pone en la mira la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, afirmó que estas obras son clave para reducir la desigualdad y garantizar el derecho humano al agua. Sin embargo, la falta de detalles sobre el financiamiento y los plazos de ejecución genera dudas sobre si el gobierno federal podrá cumplir sus promesas o si, una vez más, quedarán en buenas intenciones.
En regiones como Sinaloa, se avanza en la construcción de la presa Santa María y el acueducto Concordia, mientras que en Veracruz se implementan obras de protección en Paso Largo. Estas acciones, según las autoridades, no solo buscan mejorar el acceso al agua, sino también fortalecer la infraestructura agrícola, un sector crucial para la economía mexicana. Pero, ¿están realmente priorizando las necesidades de las comunidades más vulnerables?
La colaboración con la CMIC, que representa a la industria de la construcción, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés. La asignación de contratos para estas obras millonarias debe ser vigilada de cerca para evitar favoritismos o irregularidades, un problema recurrente en proyectos de esta magnitud en México.
Además, Conagua ha destacado su participación en planes de justicia para pueblos indígenas, como el pueblo yaqui en Sonora y el pueblo yumano en Baja California. Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de vida de comunidades históricamente marginadas, pero los avances reportados son aún insuficientes para hablar de un cambio estructural.
El presupuesto asignado a estas obras refleja prioridades claras: Nuevo León lidera con 648.4 millones de pesos, seguido por Tabasco con 463.3 millones y Nayarit con 304.4 millones. Sin embargo, la concentración de recursos en ciertos estados podría generar críticas sobre una distribución inequitativa, especialmente en regiones que enfrentan crisis hídricas más severas.
Mientras el gobierno federal presume estos proyectos como un paso hacia la justicia hídrica, la ciudadanía espera resultados concretos. La modernización de los sistemas de riego y el acceso al agua potable son necesidades urgentes, pero la opacidad en la gestión de los recursos podría empañar cualquier logro. ¿Será esta alianza entre Conagua y CMIC un verdadero avance o solo un espejismo en medio de la crisis del agua?