En un operativo reciente en Chihuahua, 40 elementos de corporaciones estatales, incluyendo 15 agentes de Vialidad y 20 custodios, fueron desarmados tras no aprobar los exámenes de control y confianza. Esta medida busca garantizar la integridad de las fuerzas de seguridad en el estado, pero ha desatado controversia en varios frentes.
Los exámenes de control y confianza son una herramienta clave para evaluar la idoneidad de los elementos policiales. Estos incluyen pruebas psicológicas, poligráficas, toxicológicas y socioeconómicas, diseñadas para detectar cualquier irregularidad que pueda comprometer el desempeño de los agentes. La decisión de desarmar a estos elementos refleja un esfuerzo por parte de las autoridades estatales para depurar las corporaciones.
Sin embargo, la polémica ha surgido por casos específicos que han generado inconformidad. Uno de los más destacados es el del comandante Jesús Alfonso Rangel Pérez, encargado del destacamento en Guachochi. A pesar de no haber pasado las evaluaciones, Rangel Pérez continúa activo y armado, lo que ha causado malestar entre sus compañeros y la ciudadanía.
Fuentes internas señalan que la relación de Rangel Pérez con el comisario Parada, de la región centro-sur, podría estar influyendo en su situación. Esta conexión ha levantado sospechas sobre posibles favoritismos dentro de la corporación, alimentando las críticas hacia la gestión de la seguridad en el estado.
La medida de desarmar a los elementos que no aprobaron los exámenes busca reforzar la confianza en las instituciones. Sin embargo, la excepción en el caso del comandante de Guachochi pone en duda la transparencia y consistencia de estos procesos. La ciudadanía exige claridad en cómo se toman estas decisiones.
Chihuahua enfrenta retos significativos en materia de seguridad, y la depuración de las corporaciones es un paso hacia adelante. No obstante, casos como el de Rangel Pérez evidencian que aún hay fallas en el sistema que necesitan ser corregidas para garantizar una aplicación justa de las normas.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal no ha emitido más detalles sobre el caso ni sobre los pasos a seguir con los elementos desarmados. Mientras tanto, la población espera que estas acciones se traduzcan en una mejora tangible en la seguridad del estado.
Este episodio pone en evidencia los desafíos que persisten en la profesionalización de las fuerzas de seguridad. La confianza ciudadana dependerá de cómo las autoridades manejen estas controversias y aseguren que todos los elementos cumplan con los estándares establecidos.
La situación en Chihuahua refleja un problema más amplio en el país: la necesidad de contar con corporaciones confiables y libres de cualquier tipo de irregularidades. Los ojos están puestos en las autoridades para ver cómo resuelven este caso y qué medidas tomarán en el futuro.