La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) en Chihuahua ha anunciado un programa para garantizar apoyo permanente a menores huérfanos por feminicidio. La iniciativa busca atender a una población vulnerable que sufre las consecuencias de la violencia de género en el estado. Según las autoridades, el objetivo es brindar asistencia integral a estos niños y adolescentes.
El programa incluye apoyo psicológico, educativo y económico para los menores que han perdido a sus madres debido a feminicidios. La CEAVE asegura que se han destinado recursos específicos para cubrir las necesidades básicas de estos menores, como alimentación, vivienda y acceso a la educación. Sin embargo, no se han detallado los montos exactos ni el número de beneficiarios.
Chihuahua es uno de los estados más afectados por la violencia de género en México. Los feminicidios han dejado un número alarmante de menores en situación de orfandad, enfrentándose a un futuro incierto. Las autoridades locales han reconocido que estos casos requieren una atención urgente y prioritaria.
La CEAVE destaca que el programa no solo se centra en la asistencia inmediata, sino también en el acompañamiento a largo plazo. Se busca que los menores puedan superar el trauma y reintegrarse a la sociedad con oportunidades reales. Para ello, se han establecido alianzas con instituciones educativas y organizaciones civiles.
Sin embargo, la implementación de este tipo de programas ha enfrentado críticas en el pasado. Activistas señalan que, aunque las intenciones son buenas, la falta de transparencia y seguimiento ha limitado el impacto de iniciativas similares. En Chihuahua, la burocracia y la falta de recursos han sido obstáculos recurrentes.
Otro punto de preocupación es la coordinación entre las autoridades estatales y federales. La CEAVE depende en gran medida de fondos federales, lo que podría retrasar o condicionar la entrega de apoyos. Los menores huérfanos necesitan soluciones inmediatas, no promesas que se queden en el papel.
Organizaciones civiles han exigido que el programa incluya un mecanismo claro de rendición de cuentas. La sociedad civil pide que se publiquen reportes periódicos sobre el avance del programa y el uso de los recursos. Solo así se podrá garantizar que los menores reciban el apoyo prometido.
A pesar de los retos, la CEAVE insiste en que este programa marca un paso adelante en la atención a víctimas indirectas de la violencia. La dependencia afirma que está comprometida con los derechos de los menores y trabajará para que el programa sea un éxito. La sociedad espera resultados concretos para una de las tragedias más dolorosas del estado.