En un fenómeno que no para de crecer, Nuevo León se posiciona como el segundo estado con mayor cantidad de trabajadores migrantes en el país, solo por detrás de la Ciudad de México. Según datos recientes, la entidad ha experimentado un aumento significativo en la llegada de personas que buscan empleo, atraídas por las oportunidades que ofrece esta potencia industrial.
El flujo migratorio laboral en Nuevo León creció un 109% entre 2019 y 2024, una cifra que contrasta con el incremento nacional del 17% en el mismo periodo, de acuerdo con un análisis de Coparmex. Este crecimiento refleja el dinamismo económico de la región, pero también plantea retos en materia de integración y condiciones laborales.
Monterrey, junto con municipios como Guadalupe y Escobedo, encabeza la lista de destinos preferidos por los migrantes. La percepción ciudadana, según la Encuesta Así Vamos 2022, indica que más de la mitad de los habitantes notaron un aumento en la presencia de migrantes, tanto de otros estados como de países extranjeros.
Sin embargo, no todo es positivo. Migrantes centroamericanos, como Wilfredo Rauda de Honduras, han denunciado abusos laborales en la entidad. Salarios bajos, jornadas extenuantes y amenazas de empleadores son parte de las dificultades que enfrentan. Algunos reportan pagos de menos de 400 pesos por más de 12 horas de trabajo.
La situación se agrava para las mujeres migrantes, quienes enfrentan discriminación por su género o por viajar con hijos. Muchos empleadores se niegan a contratarlas, argumentando que no pueden realizar trabajos pesados o que sus hijos representan una carga.
A pesar de estos desafíos, el gobierno de Nuevo León ha implementado programas para incluir a los migrantes en el mercado laboral. La Secretaría del Trabajo, encabezada por Federico Rojas, ha capacitado y vinculado a más de 237 personas migrantes y refugiadas con empleos formales desde septiembre del año pasado.
La entidad también se prepara para recibir a más migrantes, especialmente ante las recientes deportaciones desde Estados Unidos. La Secretaría de Igualdad e Inclusión reporta que Nuevo León cuenta con infraestructura para atender un flujo migratorio de alrededor de 100 mil personas al año, de las cuales 10 mil buscan asilo.
No obstante, la realidad en las calles dista de ser ideal. Migrantes como René Morales, de El Salvador, han compartido experiencias de explotación, como despidos injustificados tras accidentes laborales y falta de pago. Estas historias subrayan la necesidad de políticas más efectivas para proteger a esta población vulnerable.
El flujo migratorio no solo responde a la búsqueda de empleo, sino también a factores como la pobreza, la violencia y la inseguridad en los países de origen. Nuevo León, con su economía robusta, seguirá siendo un imán para quienes buscan una mejor calidad de vida, pero el desafío está en garantizar condiciones justas para todos.
A medida que la entidad se consolida como un destino clave para los trabajadores migrantes, las autoridades locales enfrentan el reto de equilibrar el crecimiento económico con la protección de los derechos humanos de esta población, un tema que no puede pasar desapercibido.