La Fiscalía de Jalisco ha puesto nuevamente en la mira al grupo musical Los Alegres del Barranco, esta vez por una investigación relacionada con el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Las autoridades indagan los ingresos obtenidos por la agrupación en sus recientes presentaciones, particularmente en un concierto realizado en el Auditorio Telmex de Zapopan.
Según la información proporcionada por el vicefiscal Especial Ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, la pesquisa se centra en los 5 millones 870 mil pesos que la banda habría generado en dicho evento. Estos recursos han sido asegurados mientras se determina si provienen de actividades ilícitas, un delito que podría llevar a penas de entre 5 y 15 años de prisión.
El caso se suma a las cuatro carpetas de investigación que la Fiscalía ya mantiene abiertas contra Los Alegres del Barranco por apología del delito. Estas investigaciones están relacionadas con conciertos en los municipios de Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, donde la agrupación interpretó el corrido “El dueño del palenque”, que hace referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En los eventos señalados, el grupo no solo habría tocado canciones que enaltecen al crimen organizado, sino que también proyectó imágenes de “El Mencho” en pantallas durante sus presentaciones. Esto desató críticas y llevó a la cancelación de algunos de sus conciertos en estados como Querétaro y Michoacán, además de la revocación de sus visas de trabajo y turismo por parte de Estados Unidos.
A raíz de estas acusaciones, los integrantes de la agrupación, junto con su representante y promotor, enfrentan medidas cautelares. Entre estas se incluye una garantía económica de 1.8 millones de pesos y la prohibición de salir de Jalisco, salvo para tres presentaciones previamente programadas. Además, deben presentarse semanalmente a firmar ante las autoridades.
La investigación por operaciones con recursos ilícitos representa un nuevo capítulo en los problemas legales de Los Alegres del Barranco. Las autoridades han señalado que el artículo 310 del Código Penal de Jalisco establece penas severas para quienes se beneficien de actividades ilícitas, lo que podría agravar la situación del grupo.
El caso ha generado controversia, ya que la banda ha defendido su derecho a la libertad de expresión, mientras las autoridades insisten en que sus acciones promueven la narcocultura. Las presentaciones de la agrupación han sido objeto de escrutinio, especialmente tras eventos en los que el público participó en “karaokes” de narcocorridos, lo que ha sido interpretado como una provocación a las autoridades.
Los alcaldes de Tequila y Cihuatlán, Diego Rivera Navarro y Apolonio de Jesús Pelayo, respectivamente, han declarado ante la Fiscalía como testigos en relación con los conciertos realizados en sus municipios. Ambos presentaron documentación sobre los permisos otorgados para los eventos, aunque el contenido de sus testimonios permanece bajo reserva.
La Fiscalía de Jalisco ha reiterado su compromiso con combatir la apología del delito y cualquier actividad que enaltezca al crimen organizado. Mientras tanto, Los Alegres del Barranco continúan bajo la lupa, con un futuro incierto en el ámbito legal y artístico.
Este caso refleja el debate en torno a los narcocorridos y su impacto en la sociedad, un tema que divide opiniones entre quienes los ven como una expresión cultural y quienes los consideran una glorificación de la violencia. Las investigaciones en curso determinarán si la agrupación enfrentará consecuencias más graves.