La reciente elección judicial del 1 de junio ha desatado controversia al consolidar el control del partido Morena sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano clave encargado de supervisar y sancionar a jueces en México. Los cinco magistrados electos, todos vinculados al oficialismo, han generado críticas por la forma en que se garantizó su triunfo, marcada por estrategias cuestionables.
Celia Maya, Verónica de Gyves, Bernardo Bátiz, Indira García y Rufino H. León son los nombres que integran el nuevo Tribunal de Disciplina. Todos fueron señalados en los famosos “acordeones” de Morena, documentos que circularon ampliamente con instrucciones precisas para dirigir el voto hacia candidatos afines al partido. Este mecanismo ha sido señalado como una maniobra para manipular el proceso electoral.
La elección, que marcó un hito al ser la primera en elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, tuvo una participación ciudadana del 12.2%, una cifra baja que refleja el desencanto de la población. La complejidad del proceso, con cientos de candidatos desconocidos y campañas limitadas por la falta de financiamiento, dejó el terreno libre para que los “acordeones” de Morena determinaran los resultados.
Celia Maya, propuesta directamente por el Ejecutivo, encabezó la votación con casi el 8% de los sufragios, seguida de cerca por Verónica de Gyves y Bernardo Bátiz, ambos con vínculos históricos con el oficialismo. Indira García y Rufino H. León completaron el pleno, consolidando un tribunal alineado con los intereses de Morena, según críticos del proceso.
El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá un poder sin precedentes, con la capacidad de investigar, sancionar e incluso iniciar juicios políticos contra jueces. Su integración por figuras cercanas al partido en el poder ha levantado alertas sobre la posible pérdida de independencia en el Poder Judicial, un pilar fundamental de la democracia mexicana.
Organizaciones civiles y opositores han denunciado irregularidades en el proceso, desde la distribución de propaganda hasta el uso de recursos públicos para promover candidaturas. La organización Construyendo Justicia, señalada como apartidista, fue acusada de operar como una extensión de Morena, promoviendo a candidatos afines mediante redes de apoyo y financiamiento opaco.
La polémica no termina con la elección. En Sonora, el caso de Daniel Humberto Acedo Fimbres, esposo de una funcionaria estatal, evidenció presiones para que candidatos no alineados con Morena renunciaran, incluso tras haber ganado en las urnas. Este incidente refuerza las acusaciones de que el partido busca controlar todos los espacios del Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral intentó frenar la distribución de los “acordeones”, pero sus esfuerzos llegaron tarde. La falta de tiempo para que los votantes conocieran a los candidatos, sumada a la prohibición de financiamiento para campañas, creó un escenario donde las estructuras del partido gobernante tuvieron una ventaja clara.
Para muchos, esta elección representa no solo una victoria política para Morena, sino un retroceso en la imparcialidad del sistema judicial. La captura de instituciones clave, como el Tribunal de Disciplina, plantea serias dudas sobre el futuro de la justicia en México y su capacidad para actuar sin presiones políticas.
La sociedad mexicana enfrenta ahora el desafío de vigilar cómo este nuevo tribunal ejercerá su autoridad. Con un proceso electoral cuestionado y resultados que favorecen abrumadoramente al oficialismo, la confianza en el Poder Judicial está en juego, mientras las críticas al gobierno de Morena no cesan.