Fundación Jenkins bajo lupa federal
Fundación Jenkins enfrenta un nuevo capítulo de escándalo financiero que sacude Puebla y el país entero. La presidenta Claudia Sheinbaum no dudó ni un segundo: ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) meterse de lleno en las cuentas de esta poderosa institución señalada por un desvío millonario que huele a corrupción desde hace casi una década. Fundación Jenkins, que debería destinar sus recursos a la beneficencia pública, ahora está en el ojo del huracán por presuntamente enviar más de 14 mil millones de pesos a paraísos fiscales en Panamá y Barbados. ¿Quién permitió que el dinero de los poblanos terminara en manos privadas?
El origen del desastre se remonta a 2016, cuando Guillermo Jenkins de Landa, uno de los herederos, denunció al resto del patronato por saquear la Fundación Jenkins. Según las acusaciones, más de 720 millones de dólares volaron a cuentas opacas, dejando en la incertidumbre a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Fundación Jenkins siempre se presentó como pilar educativo, pero hoy revela su cara oscura: transferencias sospechosas que burlaron controles fiscales y beneficiaron a unos cuantos.
Sheinbaum no tolera impunidad
En su conferencia matutina, Sheinbaum fue tajante: “Por supuesto que pedimos a la UIF que lo revise”. Con esta frase, la mandataria federal puso fin a cualquier esperanza de que la Fundación Jenkins escape al escrutinio. La UIF, experta en rastrear lavado de dinero, ahora analizará cada peso que salió de México. Fundación Jenkins ya había sido exonerada en tribunales penales en junio pasado, pero la presión popular y las nuevas evidencias obligaron al gobierno de Morena a reactivar el caso. Nadie está por encima de la ley, menos cuando se trata de recursos que debían ir a escuelas y hospitales.
El Congreso de Puebla, liderado por Pavel Gaspar Ramírez, aplaudió la decisión presidencial. “En Puebla no habrá impunidad”, tronó el legislador en redes sociales, sumándose al clamor por transparencia en Fundación Jenkins. Mientras tanto, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, reveló que desde hace seis meses el gobernador Alejandro Armenta ordenó una investigación paralela. Dos frentes abiertos contra la misma Fundación Jenkins: uno federal con la UIF y otro local con la Consejería Jurídica. El cerco se cierra.
Paraísos fiscales: el escondite perfecto
Los paraísos fiscales de Panamá y Barbados aparecen una y otra vez en los expedientes de Fundación Jenkins. Más de 14 mil millones de pesos destinados a la beneficencia pública terminaron en fideicomisos opacos. ¿Cómo es posible que una fundación sin fines de lucro opere como banca privada? La UIF ya congeló cuentas similares en el pasado; ahora promete desentrañar la red que permitió este atraco. Fundación Jenkins argumenta que todo es “conflicto entre particulares”, pero los números no mienten: dinero que debía quedarse en Puebla voló al Caribe.
UDLAP en la cuerda floja
La Universidad de las Américas Puebla, joya de Fundación Jenkins, pagó el precio más alto. Durante años sufrió inestabilidad: cambios de patronato, órdenes de aprehensión y hasta intervención estatal en tiempos de Miguel Barbosa. Estudiantes y profesores vivieron la incertidumbre mientras los millones desaparecían. Hoy, con la UIF al mando, la UDLAP podría recuperar estabilidad, pero solo si Fundación Jenkins devuelve lo robado. La educación no puede ser rehén de ambiciones familiares.
El caso Fundación Jenkins expone las grietas del sistema filantrópico mexicano. Organismos que reciben donaciones millonarias terminan sirviendo a intereses privados. Sheinbaum, fiel a su promesa de combate a la corrupción, activó todos los mecanismos federales. La UIF no actúa sola: colabora con el SAT para detectar evasión fiscal. Cada transacción sospechosa será rastreada, cada beneficiario identificado.
Voces que exigen justicia
Desde el Congreso local hasta el Palacio Nacional, las voces se unen contra Fundación Jenkins. Pavel Gaspar no minció palabras: “No se protege a quienes están bajo investigación judicial”. José Luis García Parra insistió en que el gobierno estatal vigilará cada paso. Incluso medios poblanos como Telediario y La Jornada de Oriente han documentado el escándalo durante años, manteniendo viva la exigencia ciudadana.
La historia de Fundación Jenkins es un recordatorio brutal: el dinero público, aunque venga de fundaciones privadas, debe rendir cuentas. Sheinbaum heredó un país lleno de fideicomisos opacos; hoy los desmantela uno a uno. La UIF, fortalecida bajo su mandato, promete resultados rápidos. Fundación Jenkins ya no podrá esconderse detrás de abogados caros ni paraísos fiscales lejanos.
En resumen, el desvío millonario que denunció Guillermo Jenkins de Landa en 2016 cobra nueva vida gracias a la intervención presidencial. Portales como 24 Horas Puebla y Capital Puebla coinciden en que la presión federal es inédita. Fundación Jenkins enfrenta su prueba de fuego: o limpia su nombre con hechos, o pierde todo credibilidad ante México.