A los 102 años, Guadalupe Chávez Ortiz ha logrado un verdadero acto de justicia. Después de seis años de una batalla legal incansable, esta valiente mujer recuperó su casa en Naucalpan, Estado de México, que le fue arrebatada por un cártel inmobiliario. La vivienda, ubicada en la colonia Lomas Hipódromo, fue despojada en 2018 mediante documentos falsos, dejando a doña Guadalupe en una situación de vulnerabilidad.
La lucha de doña Guadalupe comenzó en 2019, cuando presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades. La carpeta de investigación desapareció en varias ocasiones, y las pruebas que aportó para demostrar su propiedad fueron extr déficiles de recuperar. Este tipo de obstáculos no detuvo a la familia ni a sus abogados, quienes continuaron exigiendo justicia.
El despojo fue orquestado por una red encabezada por Gregorio “N”, según denunció Carlos Mata, director de la Fundación Delos. Este cártel inmobiliario habría contado con el respaldo de exfuncionarios municipales y un notario público de Oaxaca, lo que complicó aún más el caso. A pesar de estas adversidades, la perseverancia de doña Guadalupe y su equipo legal dio frutos, logrando la restitución del inmueble.
La nieta de doña Guadalupe, Gabriela, jugó un papel clave al encabezar una marcha hacia las oficinas de la Fiscalía Regional en Naucalpan. Familiares, amigos y asociaciones civiles se unieron para exigir que se agilizara el proceso judicial. La movilización puso presión sobre las autoridades, que enfrentaron críticas por el mal manejo del caso.
El caso de doña Guadalupe no es aislado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2025 se reportaron 1,292 denuncias por despojo en el Estado de México. Este delito, que afecta especialmente a personas vulnerables como los adultos mayores, ha generado un creciente clamor por reformas legales más estrictas.
Legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano han propuesto endurecer las penas por despojo. El diputado Octavio Martínez Vargas planteó considerar este delito como grave, con penas de hasta 10 años de prisión, especialmente cuando las víctimas son adultos mayores. Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes propuso sanciones de hasta 25 años en casos que involucren a grupos vulnerables.
La historia de doña Guadalupe pone en evidencia las fallas en el sistema judicial y la complicidad de ciertos funcionarios. A pesar de las dificultades, su caso se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. La vivienda, fruto de décadas de trabajo como comerciante, representa mucho más que un inmueble: es el legado de una vida de esfuerzo.
Este caso ha generado indignación en la comunidad, que ve en doña Guadalupe un ejemplo de fortaleza. La recuperación de su hogar no solo es una victoria personal, sino también un recordatorio de la importancia de proteger a los adultos mayores de abusos inmobiliarios. Su historia resuena como un llamado a la acción para combatir la corrupción y el fraude en el Estado de México.