Un incendio devastador en el centro de rehabilitación “Volver a Vivir 24 Horas A.C.” en San José Iturbide, Guanajuato, dejó un saldo de 12 personas muertas y seis heridas de gravedad durante la madrugada del domingo 1 de junio. El fuego, cuyas causas aún no están claras, consumió rápidamente las instalaciones, dejando tras de sí una escena de candados rotos, muros tiznados y puertas forzadas.
Las autoridades locales confirmaron que el incendio ocurrió en un centro destinado a tratar adicciones, donde las víctimas quedaron atrapadas sin posibilidad de escapar. Los primeros reportes indican que las salidas estaban bloqueadas, lo que impidió la evacuación oportuna de los internos. Este hecho ha generado indignación por las aparentes fallas en las medidas de seguridad del lugar.
La tragedia recuerda el caso de 2023 en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron en un incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. En ambos casos, la falta de protocolos de seguridad y las condiciones de hacinamiento han sido señaladas como factores clave en la magnitud de las pérdidas humanas.
Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir reportes de vecinos, pero el fuego ya había causado estragos. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde se reportan en estado crítico. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si hubo negligencia por parte de los responsables del centro.
El gobierno de Guanajuato, encabezado por Libia Denisse García Muñoz Ledo, enfrenta críticas por la falta de supervisión en este tipo de instalaciones. Organizaciones civiles han exigido que se investiguen a fondo las condiciones en las que operan los centros de rehabilitación en el estado, muchos de los cuales carecen de regulación adecuada.
La violencia en Guanajuato, uno de los estados más afectados por el crimen organizado, agrega un contexto alarmante a esta tragedia. Aunque no se ha confirmado una relación directa con grupos delictivos, la inseguridad en la región ha puesto en duda la capacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ciudadanos.
Testigos relataron escenas de caos y desesperación, con internos intentando forzar las salidas mientras el humo llenaba las instalaciones. La falta de extintores y sistemas de ventilación adecuados habría agravado la situación, según los primeros peritajes realizados en el lugar.
La sociedad civil ha comenzado a movilizarse, exigiendo justicia para las víctimas y medidas concretas para evitar que tragedias como esta se repitan. La presión recae ahora sobre las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Este incidente pone en evidencia las carencias en la regulación de centros de rehabilitación en México, un problema que ha sido denunciado desde hace años. La falta de inspecciones regulares y de protocolos de emergencia sigue cobrando vidas en instalaciones que deberían ser espacios de ayuda y recuperación.
La tragedia de San José Iturbide no solo enluta a las familias de las víctimas, sino que también reaviva el debate sobre la seguridad en espacios destinados a poblaciones vulnerables. La pregunta que resuena es si las autoridades tomarán acciones efectivas para prevenir futuros desastres.