Texas está dando un paso más en su endurecimiento migratorio con la aprobación de un proyecto de ley que obliga a los alguaciles a colaborar con las autoridades federales de inmigración. Este movimiento, impulsado por los republicanos, busca intensificar el control sobre el estatus migratorio de las personas en el estado.
El proyecto, conocido como Ley Senatorial 8 (SB-8), exige que los departamentos de alguaciles en condados con instalaciones carcelarias firmen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. Esto permitirá a los alguaciles cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.
Según datos del periódico The Texas Tribune, al menos 234 de los 254 condados de Texas estarán obligados a cumplir con esta medida. Esto significa que en la gran mayoría del estado, los alguaciles tendrán la facultad de verificar la situación migratoria de los detenidos, lo que podría derivar en detenciones y deportaciones.
La ley fue aprobada el domingo por la Legislatura estatal, dominada por el Partido Republicano, y ahora espera la firma del gobernador Greg Abbott. Se espera que Abbott, conocido por su postura dura contra la inmigración, dé su aprobación sin demora.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU), han alzado la voz contra esta medida. Sarah Cruz, estratega de la ACLU, señaló que la SB-8 no mejorará la seguridad, sino que obligará a los alguaciles a asumir roles que corresponden al gobierno federal, apoyando esfuerzos de deportación masiva.
Críticos de la ley argumentan que esta medida podría fomentar el perfilamiento racial y generar miedo en las comunidades migrantes. También advierten que desvía recursos de las fuerzas del orden, que deberían enfocarse en atender crímenes locales en lugar de tareas migratorias.
La relación entre Texas y México, que comparten más de 2,000 kilómetros de frontera, podría verse afectada por esta legislación. En el pasado, México ha rechazado medidas similares, argumentando que promueven la discriminación y violan los derechos humanos.
El debate sobre la SB-8 se suma a una serie de políticas migratorias controversiales en Texas, como la ley SB-4, que permitía a policías locales detener y deportar a personas sin documentos. Aunque esa ley enfrenta bloqueos judiciales, la nueva propuesta refuerza la postura del estado contra la inmigración.
En un contexto donde la inmigración sigue siendo un tema candente en Estados Unidos, esta ley podría intensificar las tensiones entre el gobierno estatal y federal. La administración de Joe Biden ha cuestionado previamente medidas similares, argumentando que la política migratoria es competencia federal.
La implementación de esta ley, si es firmada por Abbott, marcará un nuevo capítulo en la política migratoria de Texas, con implicaciones que resonarán tanto en las comunidades locales como en la relación con México.