Un nuevo impuesto a las remesas enviado desde Estados Unidos podría asestar un duro golpe a miles de familias mexicanas, especialmente a las madres que dependen de estos recursos para sobrevivir. Según una experta de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la medida, propuesta en el Congreso estadounidense, afectaría directamente el ingreso de hogares vulnerables, poniendo en riesgo su estabilidad económica.
La propuesta, que busca gravar con un 3.5% las remesas enviadas por migrantes, ha generado preocupación en México. Estas transferencias, que en 2024 alcanzaron los 64,700 millones de dólares, son un pilar clave para muchas familias, especialmente en comunidades donde representan hasta el 40% del gasto corriente. La experta señala que este ingreso es vital para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicinas y educación.
Las madres de familia, muchas de ellas sostén de sus hogares, serían las más afectadas. En regiones como Michoacán, Guerrero y Chiapas, donde las remesas constituyen más del 10% de la producción local, la reducción de estos flujos podría agravar la pobreza y limitar el acceso a servicios esenciales. La experta advierte que el impacto no solo sería económico, sino también social, al aumentar la vulnerabilidad de estas comunidades.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha calificado la medida como injusta y discriminatoria. La presidenta ha prometido movilizarse para proteger a los migrantes mexicanos y sus familias, argumentando que el impuesto representa una doble tributación. Funcionarios mexicanos planean dialogar con legisladores estadounidenses para intentar revertir la propuesta antes de su posible aprobación en el Senado.
A nivel local, las autoridades también están reaccionando. Alcaldes de municipios dependientes de remesas, como los de Puebla y Guanajuato, están diseñando estrategias para mitigar el impacto. Algunos proponen diversificar la economía local mediante el impulso a sectores como el turismo y la manufactura, aunque reconocen que estas soluciones tomarán tiempo.
Los expertos también advierten que el impuesto podría incentivar el uso de canales informales para enviar dinero, como transferencias en efectivo o criptomonedas. Esto no solo reduciría la transparencia de las operaciones, sino que también podría aumentar los costos para los migrantes, quienes buscarían evadir el gravamen.
La medida, impulsada por el Partido Republicano en Estados Unidos, no afectaría a ciudadanos estadounidenses, pero sí a millones de migrantes indocumentados y residentes legales. Esto ha generado críticas por considerarse una política que castiga a los más vulnerables, sin ofrecer beneficios significativos para la economía estadounidense.
En México, las remesas no solo sostienen a las familias, sino que también impulsan el comercio local, la construcción y la pequeña industria. Una reducción en estos flujos podría desencadenar un efecto dominó, afectando a negocios y comunidades enteras. La experta de la UANL subraya que es urgente diseñar políticas para apoyar a los hogares que dependen de estos ingresos.
El futuro de la propuesta sigue en el aire, con el Senado estadounidense teniendo hasta el 30 de septiembre para decidir. Mientras tanto, las familias mexicanas, especialmente las madres trabajadoras, enfrentan incertidumbre sobre cómo este impuesto podría cambiar su día a día.