La histórica elección para renovar el Poder Judicial en México, celebrada este 1 de junio, se vio marcada por una participación ciudadana notablemente baja. En diversos puntos del país, las casillas lucieron desiertas, con filas de apenas unas personas en las primeras horas de la jornada. Representantes de casillas en colonias de la Ciudad de México, como Centro, Tabacalera y Roma, reportaron una afluencia mínima, calculando un máximo del 10% del padrón electoral.
El proceso, impulsado por la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por Morena, enfrentó fuertes cuestionamientos. Especialistas advirtieron que la falta de recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), reglas improvisadas y la selección de candidatos polémicos afectaron la legitimidad de la elección. La narrativa oficial de que el pueblo apoya la elección de jueces se desmorona ante la apatía ciudadana.
En estados como Hidalgo y Durango, la baja participación fue evidente. En Tulancingo, Hidalgo, casillas reportaron un promedio de apenas 50 votantes hasta el mediodía. En Durango, aunque se esperaba mayor afluencia por la coincidencia con elecciones locales, las urnas no lograron atraer multitudes. La complejidad de las boletas, con hasta diez por votante en algunos distritos, generó confusión y desincentivó la participación.
El oficialismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, insistió en la importancia de este ejercicio para “fortalecer la democracia”. Sin embargo, críticos señalan que la elección estuvo plagada de irregularidades, desde la distribución de “acordeones” para orientar el voto hasta el previsible acarreo masivo para alcanzar la meta del 20% de participación, que al final no se logró.
Organizaciones civiles denunciaron que al menos una veintena de candidatos tienen vínculos con el crimen organizado, abuso sexual o nexos con grupos religiosos cuestionados. A pesar de las revisiones de los Comités Técnicos de Evaluación, la premura del proceso permitió que perfiles no idóneos llegaran a las boletas, lo que encendió las alarmas sobre la calidad de los futuros jueces.
El diseño de la elección también fue criticado por su falta de equidad. Los candidatos, sin acceso a financiamiento público o privado, dependieron de redes sociales y recursos limitados para sus campañas, lo que dificultó que la ciudadanía conociera sus propuestas. Esto, sumado a la reducción de casillas a menos de la mitad de una elección presidencial, alejó a los votantes.
En Oaxaca, 17 casillas tuvieron que ser reubicadas por problemas logísticos, como el cierre de escuelas controladas por la CNTE. Aunque no se reportaron incidentes graves, la desorganización logística añadió más sombras al proceso. La marcha de cientos de personas en Paseo de la Reforma, en contra de la elección, reflejó el descontento social.
El Partido Acción Nacional (PAN) participó bajo protesta, argumentando que las irregularidades y la falta de interés ciudadano deslegitiman el proceso. El PRI, por su parte, anunció que no reconocerá los resultados, acusando a Morena de imponer candidatos afines. La oposición coincide en que esta elección amenaza la autonomía del Poder Judicial.
La baja participación, que expertos estiman entre el 5% y 8%, plantea serias dudas sobre la legitimidad de los nuevos jueces, magistrados y ministros. Analistas advierten que un Poder Judicial electo con tan poco respaldo popular podría debilitar el equilibrio de poderes en México, consolidando un sistema más vulnerable a influencias políticas.
A pesar de los esfuerzos del oficialismo por presentar esta elección como un avance democrático, la realidad en las urnas mostró un panorama desolador. La apatía ciudadana, las irregularidades y la falta de información sobre los candidatos marcaron una jornada que, lejos de fortalecer la justicia, deja más preguntas que certezas sobre el futuro del Poder Judicial.