Por primera vez en la historia, México vivió una jornada electoral para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, pero el proceso estuvo marcado por confusión, desinformación y una participación ciudadana mínima. El domingo 1 de junio, cerca de 100 millones de mexicanos fueron convocados a las urnas para seleccionar 881 cargos federales, incluyendo a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un ejercicio promovido por el gobierno de Morena como un paso hacia la “democratización” de la justicia.
La baja afluencia fue evidente desde el inicio. Según el Instituto Nacional Electoral, solo entre el 12.5% y el 13.3% del padrón electoral participó, una cifra muy inferior a la de las elecciones presidenciales del año pasado. En varias casillas, los votantes enfrentaron filas largas, boletas complejas con cientos de nombres desconocidos y un proceso confuso que desanimó a muchos. La falta de claridad sobre cómo votar y quiénes eran los candidatos generó un ambiente de incertidumbre.
El proceso, impulsado por la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum como una herramienta para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Opositores y expertos alertaron sobre los riesgos de politizar la justicia y de permitir la influencia de grupos criminales en los tribunales, señalando que el sistema de voto popular podría facilitar la manipulación.
Entre las polémicas, destacó la presencia de candidatos con antecedentes cuestionables. La organización Defensorxs identificó a cerca de 20 aspirantes con vínculos al crimen organizado, como Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien buscaba un puesto como jueza en Chihuahua. También se señaló a Fernando Escamilla, exdefensor de un líder de Los Zetas, y a Leopoldo Chávez, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Estos casos encendieron las alarmas sobre la calidad de los perfiles postulados.
La confusión en las urnas fue otro factor crítico. Los votantes recibieron hasta seis boletas con decenas de nombres, muchos de ellos desconocidos para la mayoría. En la Ciudad de México, por ejemplo, cada persona debía elegir 51 cargos entre 293 candidaturas. Esta complejidad, sumada a la falta de campañas efectivas, dejó a muchos electores sin información suficiente para tomar decisiones informadas.
A pesar de las restricciones para hacer campaña, algunos candidatos recurrieron a redes sociales como TikTok para promocionarse, aunque con poco impacto. Mientras tanto, circularon “acordeones”, listas no oficiales que sugerían por quién votar, lo que levantó sospechas de intentos por manipular el voto. El INE investigó estas prácticas, pero la desconfianza ya estaba instalada entre los ciudadanos.
La jornada también estuvo marcada por protestas. En la Ciudad de México, un grupo de opositores marchó desde el Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, calificando la elección como una “farsa” orquestada por el gobierno para controlar el Poder Judicial. Las críticas se centraron en la premura con la que se implementó la reforma y en la falta de requisitos estrictos para los candidatos.
El expresidente López Obrador reapareció tras meses de ausencia para emitir su voto, un gesto que fue celebrado por figuras como la ministra Lenia Batres, quien destacó la participación como un “proceso histórico”. Sin embargo, las casillas reportaron incidentes, como proselitismo dentro de los centros de votación y enfrentamientos entre electores y funcionarios del INE.
Los resultados preliminares no se publicaron la noche del domingo debido a la complejidad del conteo. El INE estimó que los datos de participación estarían listos en la madrugada del lunes, pero el conteo total podría tardar hasta 10 días. La elección, que buscaba renovar la justicia, dejó más dudas que certezas sobre su efectividad para combatir la corrupción.
A pesar del discurso oficial, el proceso reflejó una profunda desconexión entre el gobierno y la ciudadanía. La baja participación, la desinformación y las controversias sobre los candidatos evidenciaron los retos de un sistema que, lejos de fortalecer la justicia, podría debilitarla ante la falta de confianza y claridad.