La jornada electoral del 1 de junio en el Estado de México marcó un hito sin precedentes: por primera vez, los ciudadanos votaron para elegir a los representantes del Poder Judicial. Sin embargo, la participación fue desastrosamente baja, con apenas un 20% de los mexiquenses acudiendo a las urnas. Este ejercicio, que buscaba democratizar la justicia, dejó en evidencia la desconexión entre el gobierno y la ciudadanía, incapaz de movilizar a un electorado apático.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) enfrentó un desafío monumental al organizar esta elección sin la participación de partidos políticos. Con un presupuesto de 941 millones de pesos, el organismo trabajó contrarreloj para garantizar el proceso. Sin embargo, la falta de socialización de la reforma judicial dejó a millones de mexiquenses sin entender la importancia de su voto, lo que resultó en una participación históricamente baja.
La región sur del estado, conocida por su alta participación en elecciones tradicionales, mantuvo su tendencia con un 80-90% de votación en algunos municipios. En contraste, las zonas cercanas a la Ciudad de México apenas alcanzaron un 60% de participación. Esta disparidad refleja no solo una falta de interés, sino también una brecha en la comunicación de las autoridades con las áreas urbanas.
El gobierno de Morena, encabezado por Claudia Sheinbaum a nivel nacional, no logró incentivar a los ciudadanos a involucrarse en este proceso histórico. La promesa de un país “más libre y democrático” se tambalea cuando la mayoría del electorado opta por la indiferencia. La falta de campañas efectivas para explicar la relevancia de la elección judicial dejó a muchos mexiquenses sin motivación para salir a votar.
La pobreza endémica que afecta a casi la mitad de la población del Estado de México, con 8.3 millones de personas en situación de marginalidad, también jugó un papel crucial. En un contexto donde 1.5 millones viven en pobreza extrema, la prioridad de los ciudadanos no parece estar en experimentos electorales, sino en la supervivencia diaria. Esto pone en tela de juicio la pertinencia de destinar casi mil millones de pesos a un proceso con tan poca resonancia.
El IEEM, a pesar de las dificultades, cumplió con su mandato de organizar la elección. Sin embargo, la falta de claridad en la geografía electoral y las leyes incompletas complicaron aún más el proceso. Solo 89 cargos estaban en juego, pero el organismo tuvo que lidiar con el padrón electoral más grande del país, lo que resalta la magnitud del reto.
Actores políticos de oposición no se sorprendieron por el fracaso en la participación. Desde el inicio, advirtieron que el proceso carecía de difusión adecuada y que el desinterés ciudadano sería inevitable. Sus críticas apuntan a una reforma que, aunque ambiciosa, no fue acompañada de una estrategia para involucrar a la población en un tema tan técnico como la elección de jueces.
La elección judicial, presentada como un avance hacia la democratización, terminó siendo un reflejo de los problemas estructurales del país: apatía ciudadana, desigualdad económica y una desconexión evidente entre las autoridades y la sociedad. Mientras el gobierno celebra el ejercicio como un logro, los números cuentan otra historia: el pueblo no respondió al llamado.
Este proceso, aunque histórico, deja más preguntas que respuestas. ¿Cómo garantizar que futuras elecciones de este tipo realmente involucren a la ciudadanía? Por ahora, el Estado de México sigue atrapado entre la promesa de un cambio profundo y la realidad de una participación que no logra despegar.