En las fronteras de México, miles de migrantes enfrentan un panorama desolador. Organizaciones y casas del migrante denuncian que las políticas migratorias de México y Estados Unidos han dejado a estas personas en un limbo de incertidumbre, con sueños rotos y una lucha diaria por sobrevivir.
En Ciudad Juárez, los migrantes que intentan integrarse a la comunidad enfrentan condiciones extremas. Muchos han dejado los albergues en busca de trabajo, pero la falta de documentación los relega a empleos informales. La precariedad alimentaria es una constante: algunos solo comen una vez al día, viviendo en casas de renta abarrotadas junto a otras familias en movilidad.
Alejandra, una migrante venezolana, expresó su desesperación: “La esperanza se nos va”. Sin redes de apoyo y con procesos de refugio estancados, la angustia y la ansiedad se apoderan de ella. Los albergues, con horarios estrictos, no ofrecen soluciones a largo plazo, y la espera por un futuro seguro parece interminable.
Organizaciones como el Servicio Jesuita para Refugiados México (SJR) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) han denunciado un aumento alarmante en la violencia contra los migrantes. Entre 2019 y 2025, las políticas del Instituto Nacional de Migración, encabezado por Francisco Garduño, han sido señaladas por criminalizar a las personas en movilidad, dejando un rastro de secuestros, extorsiones y agresiones.
No solo el crimen organizado es responsable. Las autoridades de distintos niveles también han sido señaladas por cometer abusos, desde maltratos físicos hasta robos. Esta situación agrava la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan un camino lleno de obstáculos, incrementando los casos de ansiedad y problemas de salud mental.
El informe “Sueños cancelados: Primeros impactos de la administración Trump en la migración” detalla cómo las políticas migratorias de Estados Unidos han complicado aún más la situación. La cancelación de programas como CBP One ha dejado a miles varados, sin opciones claras para avanzar o regresar a sus países de origen.
En otras fronteras, como Reynosa, Agua Prieta y Chiapas, el panorama no es diferente. La falta de acceso a trabajos formales y la precariedad en la que viven los migrantes han generado un sentimiento de estancamiento. Muchos no pueden regresar a sus países debido a la violencia o la crisis económica que los obligó a huir.
Los mexicanos desplazados por la violencia enfrentan problemas adicionales. El proceso electoral del 1 de junio de 2025 ha complicado el cambio de residencia, un requisito para acceder a empleos formales. Esto los condena a la informalidad, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.
La salud mental de los migrantes se deteriora rápidamente. La incertidumbre sobre su futuro, combinada con los traumas del trayecto y los delitos sufridos, ha disparado casos de ansiedad y otras patologías. La falta de apoyo institucional agrava esta crisis, dejando a las personas sin herramientas para reconstruir sus planes de vida.
Organizaciones fronterizas de México y Estados Unidos insisten en que es urgente una respuesta humanitaria. La migración, lejos de ser solo un desafío político, es una crisis humana que requiere acciones concretas para proteger la integridad y los derechos de quienes buscan un futuro mejor.