En un hecho sin precedentes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no acudió a votar en las elecciones judiciales celebradas el 1 de junio de 2025, un proceso histórico donde los mexicanos eligieron por primera vez a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ausencia del mandatario estatal ha generado críticas, especialmente tras señalamientos de presuntas irregularidades en el proceso electoral.
La jornada electoral, marcada por la participación ciudadana en la selección de autoridades judiciales, fue un hito en la historia de México. Sin embargo, la decisión de García de no presentarse en las urnas ha levantado sospechas, sobre todo porque su administración ha sido cuestionada por intentar influir en los comicios a través de la distribución de los llamados “acordeones”, materiales que indicaban por quién votar.
Reportes previos indicaron que el gobierno de Nuevo León, encabezado por García, habría presionado a empleados estatales para participar en la elección de manera dirigida. Estas acusaciones, que han circulado en medios y redes sociales, han puesto al gobernador en el centro de la controversia, alimentando el debate sobre la transparencia del proceso.
A diferencia de las elecciones de 2024, donde García acudió a votar junto a su esposa, Mariana Rodríguez, en la colonia Paseo Residencial, esta vez su ausencia fue notoria. En aquella ocasión, el mandatario esperó en fila para emitir su sufragio, pero en estas elecciones judiciales optó por no participar, lo que ha sido interpretado como un intento de desvincularse de las críticas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que el conteo de votos podría extenderse hasta diez días debido a la complejidad de los cargos en disputa. Este proceso, que incluyó la elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, requirió un sistema especial de cómputo para garantizar la transparencia de los resultados.
Las elecciones judiciales han sido vistas como un paso hacia una mayor legitimidad democrática del Poder Judicial, aunque expertos estiman que la participación ciudadana fue baja, rondando entre el 10 y el 12 por ciento. Esto ha generado preocupación sobre el impacto de grupos organizados en los resultados finales.
Samuel García, quien en el pasado ha expresado su desacuerdo con la forma en que se diseñó este proceso electoral, había pedido al Congreso local legislar con autonomía y no replicar las directrices federales. Sin embargo, su ausencia en las urnas ha sido vista como una contradicción, dado su llamado a participar activamente en el proceso.
La controversia en torno a la operación de “acordeones” no es nueva. El INE ordenó detener la distribución de estos materiales, considerados propaganda indebida, tras denuncias que involucraban a funcionarios y legisladores de Nuevo León. Este escándalo ha ensombrecido la jornada electoral en el estado.
Mientras tanto, figuras políticas de Nuevo León, como la candidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, sí acudieron a votar, marcando un contraste con la decisión de García. La participación de otros actores políticos en la entidad resaltó aún más la ausencia del gobernador.
Este episodio pone en tela de juicio el compromiso de García con la transparencia electoral y la imparcialidad en un momento clave para la justicia mexicana. Las elecciones judiciales, más allá de su carácter histórico, han dejado al descubierto tensiones políticas que podrían influir en la percepción ciudadana sobre el proceso.