Impedimento de María Estela Ríos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su cercanía con Lenia Batres ha generado un nuevo capítulo en las tensiones internas del Poder Judicial mexicano. Este caso, que involucra al Grupo Elektra y un adeudo fiscal millonario, resalta los conflictos de interés que persisten en el alto tribunal, especialmente entre figuras cercanas al gobierno federal anterior. La decisión del pleno de la SCJN de aprobar la excusa de Ríos no solo altera el curso de un proceso clave, sino que pone en tela de juicio la imparcialidad de los ministros designados bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. En un contexto donde el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum busca reformas judiciales, este impedimento subraya las vulnerabilidades en la selección y actuación de los altos funcionarios judiciales.
La relación laboral pasada entre María Estela Ríos y Lenia Batres, forjada en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal durante el sexenio de López Obrador, se convierte en el eje de esta controversia. Ríos, quien fungió como consejera jurídica principal, y Batres, como adjunta en Legislación y Estudios Normativos, compartieron un entorno de alta presión política que ahora se traduce en presunciones de parcialidad. El impedimento solicitado por el Grupo Elektra busca excluir a Batres y a la ministra Yasmín Esquivel de un amparo relacionado con más de 33 mil millones de pesos en adeudos fiscales, un monto que podría impactar significativamente las finanzas de la empresa y, por ende, el panorama económico nacional.
En sesiones recientes del pleno de la SCJN, el ministro Giovanni Figueroa Mejía presentó un proyecto que fue aprobado con siete votos a favor, destacando el riesgo al principio de imparcialidad personal. "El principio de imparcialidad, en su dimensión personal, sí puede verse en riesgo", argumentó Figueroa, reconociendo la cercanía declarada por Ríos en su solicitud de excusa del 23 de octubre. Esta votación, en la que Batres se posicionó en contra y Ríos se ausentó, evidencia las divisiones internas en un tribunal que ha sido blanco de críticas por su alineación con el oficialismo durante años.
Orígenes del conflicto de interés en la SCJN
El impedimento de María Estela Ríos surge en el marco del asunto 33/2024, promovido por el Grupo Elektra en octubre de 2024. Esta empresa, propiedad de la familia Slim, enfrenta un reclamo fiscal masivo que podría derivar en sanciones severas por parte de la autoridad tributaria. El amparo directo en revisión 6321/2024, que ahora pende de un hilo, involucra no solo a Batres y Esquivel, sino también al exministro Alberto Pérez Dayán, lo que complica aún más el panorama. Inicialmente turnado al ministro en retiro Jorge Pardo Rebolledo, el caso fue devuelto a Ríos con la nueva integración de la Corte, lo que precipitó su solicitud de excusa.
Los lazos entre Ríos y Batres no son un secreto en los círculos políticos. Ambas mujeres ascendieron en la estructura gubernamental bajo el paraguas de Morena, el partido en el poder, y su colaboración en la Consejería Jurídica fue clave para la implementación de políticas controvertidas. Este antecedente laboral genera dudas sobre la capacidad de Ríos para actuar con neutralidad en un caso que toca fibras sensibles del establishment económico, como el Grupo Elektra, conocido por su influencia en el sector retail y financiero mexicano.
Argumentos de Ríos contra la parcialidad judicial
En su escrito, Ríos fue clara al admitir la existencia de una "relación de cercanía que diera lugar a generar la presunción de la existencia de amistad o enemistad". Esta confesión, aunque autocrítica, resalta un problema sistémico en la SCJN: la permeabilidad entre el Ejecutivo y el Judicial. Bajo el gobierno de López Obrador, se designaron ministros con perfiles abiertamente afines al proyecto de la Cuarta Transformación, lo que ha llevado a acusaciones de politización del máximo tribunal. El impedimento de Ríos, aprobado por el pleno, evita un potencial escándalo mayor, pero no resuelve la raíz del mal: la falta de mecanismos robustos para prevenir conflictos de interés en designaciones futuras.
Desde la perspectiva de los analistas, este episodio refuerza la narrativa de una SCJN capturada por intereses partidistas. La votación de siete a favor, con Batres en minoría, sugiere que incluso entre aliados ideológicos hay límites a la tolerancia de sesgos evidentes. Sin embargo, la ausencia de Ríos en la discusión añade un matiz de ironía, ya que su excusa la excluye precisamente de lo que podría haber sido un debate revelador sobre la independencia judicial en México.
Implicaciones del impedimento para el Grupo Elektra y la economía
El Grupo Elektra, como actor principal en esta disputa, ve en el impedimento de María Estela Ríos una oportunidad para cuestionar la validez del proceso. Con un adeudo fiscal que asciende a 33 mil millones de pesos, la empresa argumenta que las ministras implicadas carecen de imparcialidad debido a sus vínculos con el gobierno federal, el cual impulsa la recaudación agresiva. Este caso no es aislado; forma parte de una serie de litigios fiscales que han marcado la agenda de la SCJN en los últimos años, donde grandes corporativos chocan con políticas de austeridad y combate a la evasión.
En un México post-López Obrador, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, estos conflictos adquieren mayor relevancia. Sheinbaum, heredera directa del morenismo, ha prometido continuidad en la reforma judicial, pero eventos como este impedimento ponen a prueba su compromiso con la transparencia. Si el amparo de Elektra prospera sin la intervención de Batres y Esquivel, podría sentar un precedente peligroso para la recaudación fiscal, afectando presupuestos en áreas clave como salud y educación.
Respuesta de Lenia Batres y divisiones en la Corte
Lenia Batres, fiel a su estilo combativo, rechazó categóricamente la excusa de su excompañera. "La cercanía no constituye una causa de impedimento y agrego que las relaciones laborales tampoco generan impedimento", declaró, defendiendo no solo su rol sino el de toda una generación de ministras progresistas. Esta postura, aunque predecible, ilustra las tensiones entre lealtad partidista y deber judicial, un dilema que el impedimento de Ríos expone sin piedad.
Expertos en derecho constitucional señalan que la aprobación del proyecto de Figueroa Mejía fortalece el marco normativo sobre excusas, pero deja pendientes preguntas sobre la renovación de la SCJN. Con la integración actual, dominada por figuras del sexenio anterior, el tribunal enfrenta el reto de equilibrar afinidades políticas con la exigencia de neutralidad. El caso del Grupo Elektra, con su carga económica, podría escalar a debates legislativos sobre la independencia judicial, especialmente si involucra revisiones a nombramientos controvertidos.
Ampliando el análisis, el impedimento de María Estela Ríos por cercanía con Lenia Batres no solo altera el trámite de un amparo fiscal, sino que invita a reflexionar sobre la cultura de impunidad en las élites políticas mexicanas. En un país donde los lazos personales a menudo superan las instituciones, decisiones como esta son un recordatorio de que la reforma judicial requiere más que cambios formales; demanda una depuración ética profunda. Mientras el pleno de la SCJN navega estas aguas turbulentas, el público observa con escepticismo, cuestionando si el alto tribunal puede realmente servir como contrapeso al poder Ejecutivo.
En las sombras de este litigio, emergen patrones recurrentes en la jurisprudencia fiscal mexicana, donde grandes empresas como el Grupo Elektra utilizan estrategias legales para eludir obligaciones tributarias. El adeudo de 33 mil millones representa no solo un golpe potencial al erario público, sino un desafío a la equidad impositiva que el gobierno federal defiende con vehemencia. La exclusión de Ríos, motivada por su pasado compartido con Batres, podría agilizar el proceso, pero a costa de erosionar la confianza en la imparcialidad del sistema.
Finalmente, como se ha reportado en medios especializados en asuntos judiciales, el proyecto de Figueroa Mejía se basa en precedentes establecidos por la propia Corte en casos similares de conflictos de interés. Asimismo, declaraciones de analistas en publicaciones independientes han destacado cómo estas excusas revelan las fisuras en la transición de poderes bajo Morena. En foros de discusión legal, se menciona que la votación del pleno refleja un consenso mínimo para preservar la imagen institucional, aunque persistan dudas sobre la profundidad de estas medidas.