Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos tendrán en sus manos la elección de 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, un proceso inédito que promete transformar la impartición de justicia. Este 1 de junio, millones de mexicanos acudirán a las urnas para elegir a ministros, magistrados y jueces, en una jornada electoral que combina ambición democrática con serios desafíos logísticos y políticos.
La jornada electoral, organizada por el Instituto Nacional Electoral, contempla la instalación de 84,202 casillas en todo el país, con un padrón de más de 100 millones de votantes. Cada ciudadano recibirá al menos seis boletas de colores distintos, cada una correspondiente a un cargo específico dentro del Poder Judicial. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los juzgados de distrito, la complejidad de este proceso ha generado críticas por la falta de información clara para los votantes.
El proceso, impulsado por la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 bajo el gobierno de Morena, ha sido presentado como un avance hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, la iniciativa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha desatado controversia, con señalamientos de posibles intenciones de control político sobre el Poder Judicial. La falta de claridad en las reglas y el desinterés generalizado entre la población son solo algunos de los obstáculos que enfrenta esta elección.
Cada boleta tiene un diseño específico para facilitar la votación, con nombres de candidatos ordenados alfabéticamente y divididos por género: mujeres a la izquierda, hombres a la derecha. Para la Suprema Corte, por ejemplo, se elegirán cinco mujeres y cuatro hombres entre 64 aspirantes. Los votantes deberán escribir el número asignado a cada candidato en los recuadros correspondientes, un sistema que ha generado preocupación por su potencial para inducir errores o votos nulos.
En entidades como el Estado de México, los ciudadanos enfrentarán hasta diez boletas, incluyendo cargos locales, lo que podría prolongar el tiempo en las casillas hasta 20 minutos por persona. La complejidad del proceso, sumada a la falta de campañas efectivas por parte de los candidatos, ha resultado en un desinterés generalizado, con estimaciones de una participación ciudadana tan baja como el 12%.
Organizaciones civiles han levantado la voz ante la presencia de candidatos con antecedentes cuestionables, incluyendo presuntos vínculos con el crimen organizado. Al menos 13 aspirantes han sido señalados por grupos como Defensorxs, lo que ha generado dudas sobre la integridad del proceso. Estas denuncias han intensificado el debate sobre los riesgos de someter al Poder Judicial a un sistema de elección popular.
El Instituto Nacional Electoral ha implementado plataformas como “Conóceles” para informar sobre las trayectorias de los más de 3,400 candidatos, pero la falta de difusión y el diseño complicado de las boletas podrían limitar el voto informado. Además, el conteo de votos se realizará en oficinas distritales y no en las casillas, lo que retrasará los resultados hasta el 12 de junio.
En estados como Durango y Veracruz, la jornada también incluirá elecciones locales, lo que añade más presión al sistema electoral. Mientras tanto, en Tlaxcala, los votantes recibirán hasta 13 boletas, un número que refleja la magnitud de este experimento democrático. La ausencia de partidos políticos en el proceso, aunque busca garantizar neutralidad, ha complicado la identificación de los candidatos para muchos ciudadanos.
La elección ha generado polarización, con protestas convocadas por organizaciones como México Unido, que planean una marcha el mismo 1 de junio para rechazar el proceso. Los críticos argumentan que la reforma podría debilitar la independencia judicial, mientras que el gobierno insiste en que es un paso hacia una democracia más participativa.
Este 1 de junio marcará un hito en la historia de México, pero también un desafío para la ciudadanía, que deberá navegar un proceso complejo en medio de dudas sobre su transparencia y efectividad. El futuro del Poder Judicial está en juego, y con él, la confianza en el sistema de justicia del país.